Validado el informe de alegaciones a las normas transitorias del Plan General de Cartagena

Cartagena

La comisión técnica, integrada por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, valida el informe de alegaciones a las normas transitorias del Plan General de Cartagena y continúa la tramitación administrativa para que el Consejo de Gobierno apruebe esta figura urbanística excepcional prevista en la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

Las normas tienen un carácter temporal mientras se elabora el nuevo Plan General de Ordenación Urbana por parte del Ayuntamiento de Cartagena.

La secretaria general de la Consejería de Fomento e Infraestructura, Yolanda Muñoz, destacó que el Gobierno regional "ha trabajado desde el primer minuto en dar una solución inmediata a los vecinos y empresarios de Cartagena con el fin de dar seguridad jurídica a sus viviendas y actividades económicas ya desarrolladas, y fortalecer el desarrollo económico y social de la ciudad".

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha exigido al presidente regional un compromiso firme de que las Normas Transitorias estarán aprobadas en septiembre.

Castejón espera que estas normas sean refrendadas al inicio del nuevo curso político por el Consejo de Gobierno para que puedan entrar en vigor y desbloquear proyectos empresariales para Cartagena por valor de 130 millones de euros. “Tenemos 3 proyectos industriales en el Valle de Escombreras a la espera de la aprobación de las Normas Transitorias, así como otros 13 residenciales, que contemplan la construcción de más de 600 viviendas en el área metropolitana central de Cartagena. No solo estamos hablando de que generará crecimiento económico , sino también empleo”, ha señalado.

“Las Normas Transitorias deberían haber entrado en vigor como mucho el día 20 de mayo. El Gobierno autonómico ha perdido dos meses y aún no tenemos fecha para su puesta en marcha”, ha manifestado la alcaldesa.

Este instrumento fue propuesto por la Comunidad Autónoma, según Yolanda Muñoz, con un triple objetivo: garantizar la seguridad jurídica, proteger el patrimonio histórico-cultural y el medioambiente y preservar la actividad económica y residencial del municipio.