Mano dura del Ayuntamiento contra los alojamientos para uso turístico

Madrid

La Agencia de Actividades (ADA) no ha parado de recibir denuncias sobre las actuaciones supuestamente irregulares, o contrarias a la normativa urbanística, de muchos alojamientos turísticos. Hay algunas de finales de 2017, pero el grueso son desde la ‘moratoria’ impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a primeros de este año por la que se suspendía de forma cautelar la concesión de licencias para todas las modalidades de alojamientos turísticos en el Centro.

Este organismo municipal ha recibido 507 denuncias, como consecuencia de la propia labor inspectora del Ayuntamiento o por particulares, sobre este tipo de alojamientos. Los expedientes administrativos afectan a 184 viviendas de uso turístico y a 323 apartamentos turísticos, que se ubican principalmente en los distritos centrales de la ciudad.

En Centro el número de unidades de alojamiento sobre las que se ha abierto expediente asciende a 362, siendo el Distrito más afectado por estas actividades. El resto, por este orden, corresponden a Moncloa-Aravaca (57), Chamberí (38), Salamanca (15), Arganzuela (8) Tetuán (6), Latina (6) Fuencarral-El Pardo (4), Retiro (3), Chamartín (3) y, en menor medida, otros como Hortaleza, San Blas-Canillejas, Usera, Villaverde o Ciudad Lineal con 1 denuncia cada uno

La Agencia es un organismo autónomo adscrito al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS). Su finalidad es la tramitación de los procedimientos necesarios para el inicio o modificación de toda actividad económica que se desarrolle en la ciudad de Madrid, incluidas las obras que se precisen para ello.

El Ayuntamiento de la capital ha girado visitas de inspección en estas unidades de alojamiento desde diciembre de 2017 hasta la actualidad para comprobar si en ellas se estaba ejerciendo la actividad denunciada, llevándose a cabo diversas actuaciones administrativas.

En 186 apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico los inspectores comprobaron el ejercicio de la actividad, otorgando el preceptivo trámite de audiencia previo al cese de la actividad por carecer de título jurídico urbanístico que ampare la actividad. Fruto de estos expedientes, se ha dictado ya la orden de cese de la actividad en 147 alojamientos.

Disciplina urbanística

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento “está velando por la seguridad jurídica de los usuarios de estos alojamientos turísticos que, si se ejercen sin los respectivos controles urbanísticos, pueden generar problemas de fraudes al consumidor, tanto en la calidad del servicio como fraudes económicos por ofertar servicios con irregularidades que son muy difíciles de perseguir si el ejercicio de la actividad no está legalizado”.

Hay que tener en cuenta, prosigue el Consistorio, “que la exigencia de cumplimiento de la normativa urbanística incluye también el cumplimiento de la normativa sectorial en materia de seguridad, accesibilidad, sanidad y medio ambiente, por lo que en defensa del consumidor y del usuario de estos servicios es importante detectar los alojamientos turísticos no legalizados para que se cumplan todos los requisitos necesarios de la actividad y se eviten fraudes al consumidor”.

El Gobierno municipal “también está velando por la defensa del medio ambiente urbano, ya que cuando la presión del sector turístico se concentra en un área reducida de la ciudad, los residentes pierden servicios que se reemplazan por otros destinados a la población flotante, se deteriora la calidad de vida y el escenario urbano, y se dificulta el acceso a la vivienda digna”.

Más personal para inspecciones

La Agencia de Actividades también ha puesto en marcha un programa de refuerzo de personal, de cinco meses de duración, para redoblar las labores de inspección y tramitación de expedientes de disciplina urbanística. De esta forma, desde el 23 de julio y hasta el mes de diciembre, se incorporarán al ADA 10 arquitectos superiores, 4 técnicos de gestión (rama jurídica) y 8 auxiliares administrativos.

Este personal, según informa el Ayuntamiento, realizará inspecciones, además de la “valoración técnica y jurídica necesaria para la tramitación de los expedientes encaminados al restablecimiento de la legalidad urbanística en viviendas de uso turístico”. Todas ellas detectadas mediante denuncia o de oficio por los servicios municipales, y que no cuenten con la preceptiva licencia municipal.