Discrepancias entre sindicatos y la consellera Bravo por las oposiciones a funcionario de la administración del Consell
La Consellera plantea equiparar los años trabajados en otras administraciones autonómicas a los años trabajados en la Generalitat, al contrario de lo que se venía haciendo hasta ahora
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo / EP
Valencia
Actualmente, el 40 % de la plantilla de funcionarios del Consell son interinos y precisamente el baremo de las oposiciones públicas de este colectivo ha desatado las discrepancias entre la Conselleria y sindicatos. Gabriela Bravo, Consellera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas ha planteado que, al contrario de lo que se venía haciendo hasta ahora, los años trabajados en la Generalitat Valenciana no tengan una puntuación superior a los años trabajados en otras administraciones.
En este sentido se han mantenido varias reuniones entre el Secretario Autonómico y la Directora General de la Conselleria con sindicatos. CCOO ha firmado un acuerdo por el que se añade una prestación al interino que oposite para el puesto de funcionario que está ocupando mientras que UGT y CSIF lo han rechazado. Por su parte, Intersindical está estudiándolo.
El Secretario de Administración Autonómica y Justicia de UGT, Gonzalo Fernández, ha afirmado en declaraciones a Radio Valencia que tras varios intentos de alcanzar un acuerdo han quedado definitivamente rotas las negociaciones.
Desde UGT reclaman que se mantenga la norma, que los años trabajados en la administración valenciana tengan una puntuación superior al resto de administraciones al igual que se hace en otras oposiciones como las del personal sanitario o el personal docente.
Gonzalo Fernández (UGT): "La consellera Bravo ha decidido obviar los acuerdos firmados en Madrid y en la normativa Europea"
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La postura que defiende Bravo no se ha aprobado ya que la norma necesita del apoyo de los sindicatos para salir adelante. Fernández ha asegurado, responsabilizando directamente a Bravo, que si la consellera decidiera imponerlo, sería "muy arriesgado y supondría la ruptura definitiva del diálogo social".
Por su parte, desde Conselleria explican que son los mismos criterios que aprobó el Estado con el acuerdo de todos los sindicatos y que "no es comprensible que al Estado le den el visto bueno y a nosotros no".
