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Un juzgado de Móstoles abre diligencias sobre el desfase en el coste del pabellón Andrés Torrejón

UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes de Móstoles) presentó una denuncia ante el juzgado de guardia por los presuntos delitos de administración desleal del patrimonio público y de falsedad documental

Pabellón Andrés Torrejón de Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles

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El Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles ha acordado la incoación de diligencias previas, con traslado al Ministerio Fiscal, para esclarecer un posible delito en el desfase de 3,8 millones de euros desvelado por una auditoría realizada sobre las obras del pabellón Andrés Torrejón de Móstoles.

Esta apertura de diligencias se produce después de que un representante de Unión de Ciudadanos Independientes de Móstoles (UCIN), una partido sin representación en el municipio, presentara una denuncia ante el juzgado de guardia por los presuntos delitos de administración desleal del patrimonio público y de falsedad documental.

La denuncia fue presentada el día 26 de junio, apenas cinco días después de que el Ayuntamiento de Móstoles hiciera público el contenido de una auditoría externa encargada para comprobar si las obras certificadas por el Consistorio en el Pabellón Andrés Torrejón se correspondían con lo realmente ejecutado por la empresa Ortiz.

Según dicha auditoría técnica-económica, encargada en marzo por el Instituto Municipal del Suelo (IMS) a la compañía CPV, hasta mayo de 2015, momento en el que se paralizaron las obras, se pagaron 20,3 millones, pero, según los auditores, la obra ejecutada "solo asciende a 16 millones", habiendo un desfase de "unos 3,8 millones".

Adelantándose al Gobierno municipal, que anunció que iba a llevar los resultados de la auditoría a la Fiscalía Anticorrupción -cosa que hizo el día 29 de junio-, el representante de UCIN, José Miguel Reinares, decidió presentar la denuncia tres días antes de que el propio Ayuntamiento se personara en la Fiscalía.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles ha abierto diligencias previas y ha acordado en un escrito, al que ha tenido acceso Efe y Ser Madrid Oeste, requerir al Ayuntamiento al objeto de que aporte al Juzgado una copia de la auditoría que acreditaba el desfase de 3,8 millones de euros en la obra de dicho pabellón Andrés Torrejón.

Además, la jueza solicita al Consistorio que informe si pusieron las conclusiones de dicha auditoría "en conocimiento de algún Juzgado o Fiscalía Anticorrupción" -cosa que hicieron el día 29 de junio, tres días después de ser presentada la denuncia que ha motivado la apertura de estas diligencias previas-.

También han dispuesto la jueza que, una vez recibido dicho informe, se oficie a la Policía Judicial de Madrid, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que "practiquen las gestiones necesarias en orden de determinar la defraudación y falsedad que se alega".

La denuncia inicial presentada por UCIN, a la que ha tenido acceso Efe y Ser Madrid Oeste, se dirigía contra el director técnico designado por el IMS para dirigir los trabajos de las obras del Pabellón, contra todos los que hayan firmado las certificaciones de obra no ejecutada y pagadas y contra los administradores, presidentes y apoderados del IMS durante los años 2010 al 2014.

Los hechos que han dado lugar a la apertura de las diligencias previas sucedieron en la etapa de gobierno del PP, tanto bajo la Alcaldía de Esteban Parro como, posteriormente, la de Daniel Ortiz, siendo presidentes del IMS el actual portavoz del PP de Móstoles, Alberto Rodríguez de Rivera, y el actual edil del PP Jesús Pato.

Desde UCIN han comunicado por escrito al Ayuntamiento la apertura de este procedimiento penal y le han exigido "que se personen como acusación particular en el procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles", al ser un tema de "tanta gravedad y repercusión económica".

"No se trata de hacerse la foto y sacar un titular, sino de concretar responsabilidades penales y políticas, contra todos aquellos que puedan resultar partícipes en cualquier grado de este presunto quebranto patrimonial a los vecinos de Móstoles", han añadido desde UCIN en un comunicado

 
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