"Llevan años incumpliendo la ley y ahora pueden echarnos a la calle"

Pilar es celadora de urgencias y lleva doce años trabajando como interina. Nati es docente en educación especial, un sector cuya temporalidad alcanza el 30% en Madrid. Ambas llevan años trabajando como interinas. Una situación que ahora el gobierno quiere cambiar después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligara a España a que no superara el 8% de  trabajadores públicos en condición de interinidad.

En la Comunidad de Madrid 50.000 trabajadores no tienen plaza fija. Algo que denuncian desde la Plataforma de Personal Temporal de la Administración Pública de Madrid, ya que sus contrataciones se encuentran en fraude de ley. Por eso, ahora que el gobierno tiene previsto aprobar el viernes una convocatoria de empleo público pactada con los sindicatos mayoritarios por el ejecutivo anterior, temen que puedan perder su trabajo. El motivo: que muchos de sus puestos de trabajo salen a concurso público, una convocatoria que no contará ni con los méritos ni con la antigüedad de estos trabajadores. Por lo que tendrán que competir con los aspirantes a funcionarios empezando desde cero, como si acabaran de salir de la facultad porque la convocatoria no computa su trabajo realizado durante todos estos años.

Nati y Pilar han explicado en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid que se trata de un ERE encubierto y que la administración pretende responsabilizar a ellos del fraude de ley que llevan realizando desde hace décadas. "Llevamos años acumulados sin ninguna oportunidad de consolidar plaza y ahora vemos que esto tiene un final... nosotros tenemos una edad en la que ya no tenemos las mismas capacidades que una persona más joven para competir en una oposición", ha explicado Nati. "Con lo que eso conlleva -ha añadido Pilar- no solamente para nosotras, sino también para la sanidad y la educación; porque se va a dejar de contratar a personas con mucha experiencia".

Dicen que se sienten abandonados por los sindicatos mayoritarios, que firmaron el acuerdo de estabilización en marzo con el anterior gobierno; que permitirá, dicen, el que será el mayor ERE -encubierto- de la historia. No discrepan con que salgan esos puestos a concurso público, sino que consideran injusto que la convocatoria no tenga en cuenta sus méritos y su antigüedad. Unas condiciones que, aseguran, pueden expulsar a personas que llevan hasta treinta años como interinos.