La ciudad ante el reto de los nuevos usos turísticos

Córdoba

La anunciada innovación del Plan Especial del Casco Histórico y la medida concreta de paralizar las licencias para uso turístico han vuelto a situar en el centro del debate el futuro de los usos permitidos en el casco histórico de Córdoba.

Los procesos de gentrificación, la proliferación de viviendas dedicadas al uso turístico, la progresiva pérdida de población local y comercio de barrio han llevado al equipo de gobierno a plantear las primeras medidas. Según declararon el presidente y el gerente de la GMU, Pedro García y Emilio García, el objetivo general es la defensa del uso residencial y tradicional del casco y regular los “nuevos usos turísticos novedosos”, es decir los apartamentos turísticos y las viviendas con fines turísticos. Mientras se innova se toman medidas cautelares: que los espacios catalogados como “residenciales” sigan siéndolo, al menos sobre el papel. Así que en tres zonas de Córdoba –que también habrá que delimitar de forma más clara- como son Judería, Ribera y entorno de la Corredera no se darán licencias para cambiar de uso residencial a turístico. Este miércoles comienza el proceso en el consejo rector de la GMU.

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Cuando culmine el proceso y se regulen los usos en el espacio, terminarán las medidas cautelares y el nuevo PECH dirá qué se puede hacer y qué no. La elección de las zonas es, según la GMU, por ser las “más conflictivas” y en función “del número de hoteles, apartamentos turísticos, otros establecimientos hosteleros y la perdida consecutiva de población”.

Al gobierno le preocupa además que las viviendas que tienen otorgado el uso turístico y para las que la normativa es más laxa no cumplan la ley en un hipotético proceso inverso: al volver a buscar un uso residencial y no turístico. Ante ello, otra medida es exigir en el futuro a los pisos turísticos la misma normativa que a las viviendas.

La suspensión “no tiene carácter retroactivo”. Además, según García “las licencias que se han pedido, con sus tasas pagadas y dentro del proceso normal y lógico seguirán adelante”. Se establece así una especie de borrón y cuenta nueva. García engloba estas medidas muy concretas en un plan general, donde se incluiría otras actuaciones como las reformas del Cine de Andalucia, otros espacios de la Plaza de San Agustin, la modificación de ordenanzas fiscales, o permitir temporalmente que los solares vacíos se usen como aparcamiento para residentes o huertos urbanos, cosa que ahora la ley no permite.

Hasta ahí los retos, pero pronto comienzan los matices y las aristas.

Los primeros, desde la política en poner pegas, han sido Ganemos. Entienden que la medida llega tarde y que al no aplicarse a todo el casco histórico desviará la presión a otras zonas. Piden que se extiendan esas medidas cautelares a toda la ciudad y le afean a IU que lo hayan hecho sin contar con ellos. Los empresarios de Hostetur también los critican porque entienden que “se frenan las inversiones” y que se favorece a los propietarios de viviendas con fines turísticos mientras se perjudica a los impulsores de apartamentos turísticos. Y es que lo que sigue fuera de la ley no se verá afectado por todas estas medidas, y son muchos los casos de viviendas con fines turísticos que escapan todavía a todo tipo de control. Les sobrevuela la amenaza de un control fiscal por parte de la Agencia Tributaria, la inspección de la Junta o la obligatoriedad de algunas plataformas como Airbnb de facilitar el número de registro para poder ofertar sus casas y así cumplir con la exigencia de la administración andaluza.

En Córdoba un turista podía encontrar en plataformas digitales más de 2.700 viviendas que se ofrecían para acogerle. Ahora ese dato no está a la vista y para algunos fines de semana solo sabemos que superan el millar. Hay de todo: inscritas en el registro de la Junta de Andalucía, no inscritas, en manos de empresas, en manos de particulares, viviendas que tienen uso habitual como residencia de sus dueños y viviendas que solo se utilizan para los viajeros, en el casco histórico, en la periferia. La Junta asegura que “están haciendo controles exhaustivos de las viviendas no inscritas y que están haciendo un uso ilegal”. La realidad es que la inspección no da abasto y está lejos de controlar lo que ocurre en esas miles de casas ofertadas.

Una de las principales dudas es cómo afectará esta suspensión de licencias a las viviendas con fines turísticos, aquellas que se inscriben en el registro de la Junta de Andalucía y que para ello no necesitan cambiar el uso residencial que tienen.

Otros empresarios, los de la Asociación de Establecimientos de Hospedaje, Aehcor, reciben bien la medida anunciada por la GMU y al igual que los vecinos de la Axerquía ven “acertado” que se actúe. Aehcor niega que esto sea un “ataque contra el empresariado” y lo califican de “proteccionismo hasta ver la carga del Casco histórico”; “Hay que parar el sistema, hacer inventario y conocer la realidad de Córdoba, dice Manuel Fragero.

A Manuel Cuello, vocal de la Asociación de Vecinos La Axerquía, le parece “muy bien” la medida y para determinar su eficacia esperan ver cómo se desarrolla. A los vecinos le preocupa la invisibilidad del fenómeno, y alertan del alto porcentaje de viviendas con fines turísticos “fuera de control”. Aun así dan la bienvenida a este “primer paso”.