Las aguas fecales de Pozuelo llevan a la alcaldesa ante la Justicia

Otros 10 cargos municipales en los últimos gobiernos locales también acompañan a Susana Perez como imputados en esta investigación

Destacados miembros del actual gobierno municipal, del PP, en Pozuelo de Alarcón junto a antiguos concejales de ese mismo partido están imputados por el juzgado de instrucción número 1 de la localidad por un delito contra el medio ambiente.

Son 11 personas en total las investigadas, con la alcaldesa Susana Perez a la cabeza que deberán pasar por la sala de vistas del juzgado para declarar. Esos interrogatorios comienzan a mediados de septiembre.

Junto a la alcaldesa aparecen políticos como el anterior primer edil, Gonzalo Aguado o el antiguo diputado regional y exjefe de gabinete de Ignacio González, Diego Lozano.

Incluso se dan cita en este procedimiento penal otros viejos conocidos de la justicia como Jose Antonio Sáez Jiménez, antiguo concejal de medio ambiente e investigado en los casos Gurtel y Teatro de Pozuelo o Yolanda Estrada también señalada en la operación Gurtel.

Altos cargos que estuvieron o están vinculados a ese ayuntamiento. Se les imputa un delito contra el medio ambiente por los vertidos fecales de la depuradora del área de Humera.

Casi todos han prestado ya declaración ante la guardia civil por esos vertidos que atraviesan la Casa de Campo y acaban sin tratar en el rio Manzanares.

Desde la oposición, Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Somos Pozuelo, valora positivamente que la investigación judicial haya dado el paso adelante de llamar a los investigados a declarar. Dice la formación morada que han sido demasiados años de vertidos, demasiados años de omisión en la toma de decisiones.

En el PSOE, su portavoz Ángel González Bascuñana, considera que la imagen pública de la localidad queda tocada porque el primer municipio de España en renta per cápita también es uno de los que más mancha y contamina los alrededores de la localidad.

El propio ayuntamiento ha publicado una nota de prensa en la que señala que No hay cambios en este asunto con respecto al mes de febrero, momento en el que una decena de ediles y ex ediles acudieron a declarar ante la Guardia Civil tras una denuncia de un vecino por el estado de la depuradora de Húmera.

 El comunicado del ayuntamiento también recuerda que “las diligencias previas que se abrieron entonces siguen su trámite normal y por eso lo que sigue es la declaración ante el juez. No existe ningún dato nuevo ni calificación por parte del fiscal y se trata por tanto del curso normal de la investigación”.

 

Las aclaraciones del gobierno local incide en que “es importante recordar que la alcaldesa, Susana Pérez Quislant, no fue llamada como alcaldesa sino como teniente de alcalde en la pasada Legislatura y, en todo caso, lo que se investiga es un presunto delito medioambiental por omisión que nada tiene que ver con corrupción

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