El 'Caso Acinipo' se desinfla

Ronda

El denominado ‘Caso Acinipo’ donde se investiga una presunta trama de corrupción político urbanística ve poco a poco como va llegando a su final.

La jueza que instruye la causa ha dictado un nuevo auto este miércoles donde propone a la Fiscalía Anticorrupción dejar dentro del encausamiento al ex alcalde Antonio María Lara, actual líder de Alianza Por Ronda, así como a los ex concejales Rafael Lara, Paco Cañestro y Josefa Valle. Igualmente considera que han podido incurrir en una serie de delitos dos técnicos municipales y varios empresarios.

Marín Lara sigue siendo el principal investigado en el caso al considerar se le podrían imputar delitos de prevaricación y fraude a la Administración, falsedad documental, prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y cohecho. Eso sí la fiscalía ha retirado las acusaciones sobre presuntos delitos de malversación y blanqueo de capitales que se habían apuntado en un primer momento de la causa.

En cuanto al entonces primer teniente de alcalde, Francisco Cañestro, tan sólo se mantiene sobre él la acusación de haber incurrido presuntamente en un delito de tráfico de influencias al considerar que pudo influir en la decisión de los técnicos de la Delegación Provincial de Urbanismo. Se le han retirado el resto de delitos que se le imputaron en 2011.

Por su parte, a los entonces concejales Rafael Lara y Josefa Valle se les mantiene un posible delito de cohecho relacionado con el préstamo de 45.000 euros que les concedió una empresa constructora.

En este mismo auto al que ha tenido acceso Radio Coca SER Ronda se propone a la Fiscalía el sobreseimiento de la causa de la por entonces concejal de Urbanismo María José Martín de Haro y la ex edil Lidia García. Ambas quedan fuera del caso absueltas de las acusaciones que recaían sobre ellas. Lo mismo sucede con los empresarios Miguel Ángel Borrego, Alfonso Javier Fernández, José Miguel Yubero y Miguel Ángel Ortega Vera.

Siete años de 'Caso Acinipo'

Un caso en el que hay nueve personas imputadas por las supuestas irregularidades en el convenio urbanístico realizado con una empresa para instalar un centro comercial en el antiguo recinto ferial de Ronda.

En este encausamiento, que arrancó en 2011 y donde en un principio se imputaron a nueve personas, se investiga la supuesta connivencia de miembros del equipo de gobierno del consistorio rondeño, en 2005, con los responsables de un centro comercial para poner a su disposición 33 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de un hipermercado, a precio menor , causando un perjuicio al Ayuntamiento de Ronda y , supuestamente, beneficiando a algunos de los imputados, en un sólo día los terrenos pasaron de estar tasados en cinco millones de euros por parte del Ayuntamiento a venderse en más de 17 millones de euros.