Junta y Ayuntamiento de Motril firman un plan de actuación en zonas de transformación social del municipio

Motril

La Estrategia Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social beneficiará a casi 26.000 personas en Motril, según ha informado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante la visita que ha realizado al municipio acompañada de la alcaldesa, Flor Almón. Sánchez Rubio ha indicado que la Junta de Andalucía detinará 700.000 euros para mejorar la calidad de vida de las personas que residen en esta zona.

Sánchez Rubio ha indicado que Motril es uno de los 10 municipios que se han identificado en la provincia de Granada . En Motril son tres las áreas de actuación: Huerta Carrasco, San Antonio-Ancha y Varadero-Santa Adela.

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Flor Almón, acompañada del concejal de Servicios Sociales, Gregorio Morales, y el teniente de alcalde Antonio Escámez, se ha mostrado satisfecha por un programa que va a traer a la ciudad más de 3 millones de euros dedicados a reducir la brecha social y trabajar por la integración laboral y socioeducativa de las personas más desfavorecidas. "Lo que más nos enorgullece es que gracias al gran trabajo de los técnicos municipales y a la enorme sensibilidad de la Junta, este año se añaden a los barrios de San Antonio y Huerta Carrasco unas zonas de población vulnerable como son Varadero y Santa Adela".

"Son lugares tradicionalmente marineros y especialmente sensibles a la desigualdad social, ya que la pesca he dejado de ser el motor económico que era. Es gente muy trabajadora, luchadora y muy querida por todos los motrileños y motrileñas. Por eso, estamos trabajando intensamente para que esta zona salga de ese adormecimiento con iniciativas como el Grupo de Acción Local de Pesca. Ahora, gracias a este Estrategia de la Junta, vamos a poder darle un nuevo impulso a Varadero y Santa Adela", ha manifestado Almón.

La Junta destinará hasta 2021 a la provincia de Granada casi 17,3 millones de euros para atender a la población vulnerable de estas zonas en las que residen 129.656 personas.

Con respecto a la primera de estas convocatorias, la provincia de Granada recibe en 2018 para el Diseño y Elaboración de Planes Locales de Intervención en zonas desfavorecidas más de 108.000 euros, mientras que para la implantación, desarrollo y ejecución de las Estrategias Locales de Intervención en las zonas desfavorecidas, previa disposición del Plan Local de intervención, a través del refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios, va a recibir más de 3,8 millones de euros.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha explicado que "las zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros".

También ha especificado que "la intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias. Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria".

Entre las medidas concretas que se desarrollarán destacan las dirigidas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.

El proyecto se desarrollará a través de Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que elaborarán los ayuntamientos y, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales. Serán aprobados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con una duración mínima de cuatro años e incluirán un diagnóstico de la zona, las medidas par alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.