Agreden a un concejal del PP de Galapagar por clausurar un restaurante

La Guardia Civil ha abierto una investigación a raíz de la denuncia presentada por el concejal de Medio Ambiente y Salud Pública de Galapagar, Ángel Camacho, que fue increpado y golpeado por la espalda

La agresión se produjo este jueves, cuando, según el relato y el video difundido por Ayuntamiento, se observa cómo el edil estaba esperando su turno en una administración de lotería, y una persona, que según el concejal era el dueño de un local al que le habían clausurado la actividad por molestias de humo y ruidos, le agrede por la espalda mientras le recuerda que es el concejal que le “ha cerrado el restaurante” y que le “iba a arruinar la vida” y le “iba a matar”.

Con motivo del ataque, según indican en el Ayuntamiento, Camacho sufre dolores en el cuello e inflamación de oído, lo que le obliga a llevar collarín y a estar de baja laboral.

“Los ruidos y los humos les hacían imposible la vida (a los vecinos) y, pese a las denuncias vecinales y los requerimientos continuos de los técnicos municipales por no cumplir las medidas mínimas de salubridad, el restaurante continuaba con la actividad. Ante esta situación, el Ayuntamiento se ha visto obligado a clausurarle el horno de leña que ocasionaba estos problemas y su venganza no se ha hecho esperar”, relatan en el Consistorio.

De este modo, califican de “inconcebible e intolerable” que se agreda a un concejal por “ayudar a unos vecinos que no podían vivir tranquilamente” en sus casas por el “humo y los ruidos”, por “actuar conforme a la ley” y “pedir que se cumplan las normas”. “En esta ocasión, el único objetivo del Ayuntamiento ha sido velar por todos los vecinos que sufrían las molestias de este local día tras días y, además, por todos los usuarios y clientes que podrían sufrir las consecuencias de estos incumplimientos”, aseveran.

Por estos motivos, desde el Consistorio muestran al concejal “todo su apoyo y solidaridad” anuncian que el Ayuntamiento se personará en el juicio, entendiendo que “podría existir un delito de atentado contra la autoridad, con pena de entre 1 y 6 años de prisión, además de otros posibles delitos de amenazas y lesiones”.

Desde el PP de Madrid, a través de su portavoz y vicesecretaria de Comunicación, Isabel Díaz Ayuso, se condena “rotundamente el brutal golpe” que el propietario del restaurante “ha propinado al concejal popular”.

“Consideramos un hecho gravísimo pretender solucionar absolutamente nada por la vía de la agresión en un país civilizado. Y es especialmente importante al tratarse de un representante de los ciudadanos cuya labor es la de cumplir con la ley, en beneficio de todos”, ha afirmado la responsable del PP.

A su juicio, “no se puede poner en el disparadero” a los políticos “ni pretender por medio de la violencia” situarse “por encima de la ley y dinamitar el respeto y la convivencia que nos debemos en sociedad”.

“Los representantes políticos y en este caso los alcaldes, concejales y portavoces municipales realizan una labor importantísima dedicada a la gestión de los servicios públicos de sus vecinos. Una tarea de proximidad que debemos reconocer y dignificar y cuya dificultad olvidamos en ocasiones”, ha concluido Díaz Ayuso.

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