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La delegada del Gobierno asegura que Sánchez tiene en cuenta la preocupación de Asturias

Delia Losa cree que no se le puede "dar vueltas" al tomo nota del presidente del gobierno

La delegada del gobierno flanqueada por los diputados Ovidio Zapico (izquierda) y María José Miranda. En primer término la su jefa de gebinete, Gimena Llamedo. /

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, asegura que Pedro Sánchez tendrá en cuenta todas las aportaciones que se hagan desde Asturias a la hora de aplicar la política de transición energética que tanto preocupa al gobierno y los agentes sociales del Principado por su impacto sobre la economía regional. Losa cree que se le dado demasiadas vueltas al famoso “tomo nota” de Pedro Sánchez tras su reunión con Javier Fernández y dice que le consta que el gobierno de España está en ello.

De hecho, este miércoles, la Delegada se ha dedicado a tomar nota personalmente del asunto en el marco de la reunión mantenida con diputados del grupo de Izquierda Unida en la Junta General, que le han trasladado los consabidos temores de una aplicación apresurada de esa transición energética que en cadena provocaría cierre de las térmicas, subida del precio de la luz, pérdida de rentabilidad de la gran industria, deslocalizaciones empresariales, empobrecimiento y por fin despoblación. Todo eso lo tiene en cuenta Madrid, dice Losa. De hecho dice que sabe que es así.

En Izquierda Unida no les tranquiliza del todo saber que en el gobierno ha tomado nota, aunque celebran la coincidencia con la delegada en el análisis de los riesgos que conlleva para Asturias la transición. Por eso el diputado Ovidio Zapico le ha pedido que medie ante el gobierno de España, para dilatar el proceso de cierre de las térmicas y prorrogar la vida del carbón habilitando un nuevo plan para el sector.

Los miembros de la coalición le encomiendan además a la delegada del Gobierno que le haga llegar la necesidad de que se arbitre un mecanismo que prorrogue la excepcionalidad del caso asturiano para poder seguir utilizando purines como abono agrícola. El gobierno de Rajoy dejó aprobado un decreto en ese sentido que expira el próximo 31 de diciembre, y a la vuelta de cuatro meses el problema volverá a estar sobre la mesa.

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