Urkullu: La dispersión es un castigo añadido y arbitrario no previsto en ley

Bilbao

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido hoy "sacar de la pugna partidaria y demagógica" el debate sobre política penitenciaria, al tiempo que ha afirmado que la dispersión de presos es "un castigo añadido y arbitrario que no está contemplado en el marco normativo".

En un artículo publicado en las redes sociales, Urkullu -que en ningún momento cita a los presos de ETA de forma expresa- sostiene que es el juez quien impone la pena que debe cumplir un reo y que "ninguna sentencia establece, como parte del castigo, que el preso deba cumplir su condena lejos de su entorno social o familiar".

De hecho el lehendakari recuerda que el articulo 12.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria "establece exactamente lo contrario", que la ubicación de las personas presas será fijada por la Administración penitenciaria y "se procurará evitar el desarraigo social de los penados".

Además, la Constitución "establece que el fin de la pena es la reeducación y resocialización de los penados". "El objetivo de evitar el desarraigo social de los pensados es, precisamente, favorecer su reinserción", concluye Urkullu.

"La defensa del alejamiento, además de ser ajena a la legalidad, es contraria al más básico sentido de humanidad" porque "dificulta-castiga" a los allegados del recluso, "que no han cometido ningún delito y que tienen derecho a visitar a su familiar preso en unas condiciones razonables desde un punto de vista humanitario".

Por todo ello la postura del Gobierno Vasco en política penitenciaria se basa en cuatro aspectos: "marco normativo, la legalidad, el principio de humanidad y la consolidación de la convivencia", afirma el lehendakari en su cuenta de Facebook.

Además, Urkullu reclama que este debate se saque de "la pugna partidaria y demagógica" y se lleve al "terreno de los principios, de la legalidad y del consenso así como a la voluntad de las personas presas de dar pasos con la mirada puesta en el cumplimiento de la condena y de la ley para su deseable resocialización.