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El director del máster de Cifuentes y Casado tiene un aula con su nombre en la Universidad de Alcalá

El catedrático de la Rey Juan Carlos está imputado por los másteres de ambos dirigentes del PP. La Univesidad de Alcalá no se plantea retirar su placa hasta que haya sentencia firme

Enrique Álvarez Conde, durante la primera rueda de prensa del escándalo Cifuentes /

El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez-Conde, da nombre desde finales de los años 80 a un aula de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares de la que fue decano. Así se le recuerda en esta universidad como a otros muchos profesores que también ocuparon el mismo cargo. Además de Álvarez-Conde bautizan también otras aulas Enrique Gimbernat, Carlos García Valdes, Diego Luzón y Alfonso García Moncó, entre otros.

A pesar de su condición de doble imputado, en la investigación sobre el máster de la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes y también en el curso de posgrado del presidente del PP Pablo Casado, la Universidad de Alcalá no va a cambiar nada hasta que haya sentencia judicial. Es decir, que la placa Álvarez-Conde seguirá a las puertas de este aula hasta que haya una condena firme. Una decisión que para los estudiantes universitarios es insostenible. "Resulta realmente increíble y lamentable que los responsables de una universidad pública estén más preocupados en defender el honor de determinados personajes probadamente corruptos que han hecho tráfico de influencias de una forma clarísima en vez de proteger la universidad pública y su prestigio", asegura Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes.

Álvarez-Conde impartió clases en la Universidad de Alcalá tras pasar por la Autónoma de Madrid y la Universidad de Alicante, antes de que en 1996 fuera nombrado director general del INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, bajo el primer gobierno de Aznar. Un cargo que ocupó hasta 1999 cuando se convirtió en catedrático de la Rey Juan Carlos donde pondría en marcha un par de años después el Instituto de Derecho Público que, según los documentos que investiga ahora la justicia, manejó a su antojo como si fuera un chiringuito.

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