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"En muchos casos no se llega al conflicto porque el consumidor cambia al castellano"

Marta Fuxà, directora general de política lingüística, explica en qué consistirá la Oficina de Derechos Lingüísticos

Esta semana hemos conocido la puesta en marcha de la tramitación de un decreto para la creción de una oficina que asesore e informe a la ciudadanía sobre sus derechos lingüísticos, tal y como ya existe en comunidades como el País Vasco, Catalunya o más recientemente en la Comunidad Valenciana. Una apuesta desde la regidoría de cultura y, en especial, desde la dirección general de política lingüística para la promoción y la defensa de los derechos lingüísticos de los habitantes de las Islas.

Un derecho, el de poder hablar en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la comunidad, el catalán o el castellano, que muchas veces se desconoce entre la población y también entre los comerciantes.

Desde Cultura afirman que muchas de las vulneraciones de los derechos suceden por culpa, precisamente, de esta falta de conocimiento, en la mayoría de los casos, o por actitudes intolerantes por parte de algunos comercios o grandes multinacionales.

Marta Fuxà, directora general de política lingüística, explica que la Oficina debe funcionar como un órgano de asesoramiento y de consulta, donde el ciudadano "se pueda dirigir para conocer cuáles son sus derechos".

Por el momento, la tarea de recoger y gestionar las queja y las denuncias de la ciudadanía por temas lingüísticos se hace desde la dirección general de política lingüística. Fuxà explica que en lo que llevamos de año han recogido más de 10 quejas, 2 en el último mes de julio. Afirma también que en muchos casos no se llega al conflicto porque es el usuario quien cambia de idioma, generalmente del catalán al castellano.

Fuxà también destaca la importancia de las redes sociales, puesto que son muchas las denuncias que llegan por este medio. Es por eso que desde la conselleria de cultura consideran necesario la creación de este Órgano para mejorar la atención a la ciudadanía, y sobre todo de una forma más visible y más específica.

Fuxà destaca, además, el papel que tendrán las campañas concienciadoras para los comercios y para la población, y asegura que la Oficina no tendrá una función recaudadora.

Desde el pequeño y mediano comercio de las Islas son perfectamente concientes de los derechos de sus consumidores, y se muestran comprometidos en cumplir con sus obligaciones lingüísticas.

Toni Fuster, presidente de PIMECO, respeta la creación de la Oficina y apuesta porque la lengua no sea un elemento de diferenciación.

La tramitación del decreto puede llevar entre unos 4 o 6 meses, por lo que desde la conselleria de cultura esperan que la Oficina sea una realidad a finales de este año o, como muy tarde, a principios de 2019. De momento, los ciudadanos pueden mandar sus consultas o preguntas, así como presentar alguna denuncia, a la dirección general de política lingüística, al teléfono 971.17.76.34.

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