El PSOE de Talavera considera "inaceptable e insostenible" la continuidad del trasvase Tajo-Segura

Talavera de la Reina

El PSOE a nivel local ha mostrado su rechazo, una vez más, al Trasvase Tajo-Segura, recordando que su mantenimiento en el tiempo sigue implicando que distintos pueblos de la ribera del Tajo, año tras año, deban ser abastecidos por cisternas.

El secretario de Agua y Medioambiente, Diego Élez, considera que "esta es una situación del todo inaceptable y del todo insostenible". Así, declara entender que la postura del ministerio de Transición Ecológica había sido sensible a estas necesidades, "por lo que la decepción, fruto de la aprobación del último trasvase de 20 Hm3 en el día de hoy es significativa y nos llena de dudas".

Élez recuerda que "la detracción de agua de cabecera limita al resto del Tajo sobre todo en la zona de Aranjuez, Toledo y Talavera, siendo las salidas de Bolarque mínimas hasta Aranjuez, las aguas residuales del Jarama, mal depuradas”. De este modo, se refiere al poco que llega del Alberche a Talavera de la Reina debido a la “sangría” que efectúa sobre él la Comunidad de Madrid, no satisfaciendo la demanda histórica de regadío de los agricultores y ganaderos sobre este río.

Por lo tanto, ha destacado que en este tramo medio “el Tajo es un río con caudal inexistente sobre todo en ciudades ribereñas como Talavera, a la sazón la ciudad más grande a orillas del Tajo”.

Desde el Partido Socialista han exigido así la “inmediata derogación del Memorando del Tajo que auspicia y da soporte legal a la constante sangría del rio en el momento que supera el umbral de los 400 hm3”.

Los gobiernos del PP, con Cospedal en la presidencia de la JCCM permitieron este expolio, dando prioridad al trasvase hacia Levante y “despreciando a los castellanomanchegos al no poder estar presentes en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo – Segura”, comenta el secretario de Agua y Medioambiente.

Así ha explicado que esto significa que la voz y los legítimos intereses de la cuenca cedente, bajo ningún concepto son tenidos en cuenta, ni siquiera se permite expresarlos en ese órgano de decisión. Y, mientras tanto, las decisiones son tomadas por los representantes de los regantes del Levante, es decir, la parte interesada y beneficiaria del agua que deja de producir en Castilla la Mancha.

“Este trasvase” aclara, “es contrario a los preceptos establecido en la Directiva Europea porque nos deja sin agua y nos condena al subdesarrollo a quienes vivimos en el cauce natural del rio y por innecesario, ante la existencia de una importante infraestructura de desaladoras que podría prestar un mejor servicio en la producción de un bien importante para la economía del levante español”. Élez recuerda, igualmente, que estas desaladoras han sido financiadas con medios públicos gestionadas y ejecutadas, en su día, con gobiernos socialistas

Asimismo, desde el PSOE de Talavera se pide que se acabe con el subvencionamiento de las aguas del Trasvase de manera que resulte más asequible el uso de aguas desaladas, permitiendo el uso del agua que ahora se deriva a través del trasvase como elemento de riqueza y generación de actividad económica y empleo en los territorios por los que de manera natural transcurre el cauce del Rio Tajo.

El secretario de Agua y Medioambiente considera que el sostenimiento en el tiempo, durante décadas, de las políticas trasvasistas que condenan el cauce del Tajo debe tener fin y solución. “Irónicamente esas políticas permitirían abrir los grifos de todas las cuencas entre ellas, derivando recursos de unas a otras, dependiendo de la situación en la que se encontrasen o algo más ridículo aun, y es que existiendo la infraestructura y a fin de llenar los pantanos que nutren el trasvase, estos fuesen previamente llenados con aguas procedentes de la desalación”.

”El agua no es un bien económico como los demás sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal es lo que dice en su inicio la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas; cuya principal obligación jurídica, es conseguir el buen estado ecológico de los ríos, humedales y aguas costeras”, finaliza.