Seguridad analiza si las protestas contra el Alarde paritario son sancionables
El Departamento de Seguridad estudia las grabaciones para determinar si se incumplió la resolución administrativa
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A masked policeman escorts the Jaizkibel company during the Alarde of Hondarribia, September 8, 2018. Jaizkibel has drawn criticism from traditionalists for including women in roles previosly reserved for men in the parade, which commemorates victory over / VINCENT WEST Reuters
San Sebastián
El Departamento de Seguridad analiza las grabaciones de las protestas contra el Alarde paritario que se sucedieron el pasado sábado en la localidad guipuzcoana de Hondarribia por parte de partidarios del desfile tradicional para determinar si pueden ser objeto de sanción.
Así lo ha anunciado hoy el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, a preguntas de los periodistas en la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco.
La compañía Jaizkibel desfiló el sábado por Hondarribia en un ambiente de gran tensión con plásticos negros, pancartas y ruido de silbatos por parte de los defensores del Alarde tradicional.
Ante las críticas de dejadez por parte del Gobierno Vasco por permitir estas actuaciones que partidos como EH Bildu han calificado de "acoso", el portavoz ha recordado que el Ejecutivo autonómico apoya de manera "explícita, contundente e inequívoca" el Alarde igualitario pero no puede tomar decisiones que supongan "eliminar la autonomía local".
No obstante, ha adelantado que el Departamento de Seguridad está analizando las grabaciones que efectuó ese día para determinar si se incumplió la resolución administrativa que establecía las condiciones en las que debían desarrollarse estos desfiles.
"En el supuesto de que esta resolución no se cumpla se pueden adoptar las sanciones administrativas correspondientes. Se está haciendo un estudio pormenorizado y detallado de lo que pasó", ha explicado.
En principio, si se observan incumplimientos de esa resolución podrían imponerse sanciones administrativas, pero Erkoreka ha señalado que si se percibe la necesidad de imponer sanciones penales, el Departamento de Seguridad lo pondría en manos de las autoridades judiciales.
