La Asamblea exige al Gobierno de España que aclare sus planes respecto al diésel

Una moción del PP, alerta del perjuicio económico que tendrá una subida del impuesto para los 99.000 profesionales autónomos y los 40.000 transportistas de la Región

El Partido Popular ha sacado adelante en la comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua en la Asamblea Regional, una moción, con el apoyo de Ciudadanos, el voto en contra del PSOE y la abstención de Podemos, para frenar la intención del Gobierno socialista de Pedro Sánchez de subir los impuestos al diésel.

El diputado regional, Domingo Segado, ha explicado que "la medida del Gobierno de España solo tiene un afán recaudatorio y ninguna justificación técnica ni medioambiental, además de crear un impacto negativo sobre los vehículos de gasolina".

Segado ha afirmado que "el gobierno socialista ha generado un gran perjuicio a todos los propietarios de vehículos diésel con sus declaraciones alarmantes al poner en cuestión su continuidad". Un daño, que según sus palabras, "pesará, sobre todo, en los 40.000 transportistas existentes en la Región, ya que somos la comunidad autónoma de España con más volumen de vehículos de transporte, perjudicará a los más de 99.000 profesionales autónomos y también al complejo de Repsol en Cartagena, fabricante de esta clase de carburante".

Esta situación, ha dicho Domingo Segado, está provocando un incremento de las matriculaciones de vehículos de gasolina, concretamente un 56,1 % entre los meses de enero a marzo de este año, que tienen mayores emisiones de CO2 que un diésel.

En nuestro país hay 17 millones de vehículos diésel y "no es cierto que estos motores contaminen más que los de gasolina, y aclara que uno y otro emiten la misma cantidad de partículas, pero los diésel, al ser más eficientes, consumen menos carburante y por consiguiente expulsan menos gases de efecto invernadero".

Desde el PP, ha anunciado Segado, "queremos que el Gobierno de España retire su propuesta de gravar a los vehículos diésel, es un impuesto injusto, y por supuesto, que la ministra de Transición Ecológica aclare sus planes respecto a su uso ante la inseguridad generada en empresas de transporte, autónomos, pymes".

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