Dimite la jefa municipal de Vivienda tras anular el Consultivo la compra de pisos

Ferreiro: "Con esta dimisión quedan dirimidas as responsabilidades"

La jefa de servicio de Rehabilitación y Vivienda del Concello de A Coruña, Natalia Codesal, ha dimitido después de que el Consello Consultivo de Galicia haya anulado la compra de dos pisos, por parte del Ayuntamiento, para alquileres sociales. Esta funcionaria es la persona damnificada en este proceso, envuelto en la polémica desde su inicio por las denuncias del PP. El Consello anula la adquisición de dos de las viviendas porque no se adaptan a las bases del concurso: una por falta de altura y otra por huecos de luz. El informe es vinculante. El alcalde, Xulio Ferreiro, lo atribuye a un error humano. Ha estado en Hoy por Hoy A Coruña.

El gobierno local asegura que convocará un nuevo concurso, una vez subsanados los errores, y dará explicaciones en una Junta de Gobierno local extraordinaria, en cuanto esté preparada la nueva documentación. Ferreiro niega que hubiera ningún trato de favor a la persona propietaria de estos dos pisos en las calles Joaquín Martín Martínez y Santander, en relación a las denuncias del PP por tratarse de un firmante del Manifiesto de la Marea Atlántica. No habrá más dimisiones, dice el alcalde coruñés.

El gobierno local pedirá la revisión al Consultivo de otros tres pisos adquiridos mediante el concurso público. Con lo que podrían ser 5 viviendas anuladas de las seis que resultaron ganadoras del proceso.

El concelleiro de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, ha sido quien ha anunciado la primera en caer tras estep proceso de irregularidades. La funcionaria Natalia Codesal le presentaba su dimisión ayer al alcalde. Varela ha admitido que ha habido errores en la comisión técnica y en el procedimiento de valoración. Tras esta dimisión, se compromete a poner en marcha un nuevo concurso. No obstante, no piensa abandonar el cargo.

La oposición había solicitado la revisión de los pisos en el pleno el 12 de abril, en una sesión extraordinaria a iniciativa del PP, con un acuerdo que obtuvo los apoyos PSOE y el BNG y en el que se abstuvo el Gobierno local. La decisión es vinculante. El gobierno local debe poner en marcha su anulación. El Consello Consultivo, en su escrito, critica además la actuación de la asesoría jurídica municipal de intentar adaptar "a propósito" los inmuebles adquiridos.

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