El Parlamento fue engañado cuando aprobaba las leyes de presupuestos

Los peritos judiciales afirman que la cámara andaluza "fue inducida a error por el Consejo de Gobierno porque el proyecto de presupuestos estaba fraudulentamente elaborado

Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE / ()

Ángel Turrión, el portavoz de los peritos de auxilio judicial nombrados por Alaya, ha repetido lo ya declarado durante la investigación, que el Parlamento andaluz no tiene ninguna responsabilidad en el supuesto fraude de los ERE porque fue “inducido a error “por la Junta y el Consejo de Gobierno” que le remitía un proyecto de presupuestos “fraudulentamente elaborado en el sentido de engañoso y falaz”.

En base a ese engaño, ha manifestado Turrión, el Parlamento al aprobar la ley de presupuestos cada año aprobaba una partida de transferencias de financiación de la consejería de Empleo a la agencia IDEA destinada a cubrir sus pérdidas. Lo que ocurre es que el dinero no se empleó para eso sino para pagar ayudas socio laborales y directas a empresas que sumaron más de 741 millones de euros entre 2000 y 2010. Ese dinero, que no se empleó en lo que decía la ley de presupuestos cada ejercicio, tendría que haber sido devuelto a la Tesorería de la Junta. “Está dicho y demostrado”, ha enfatizado el testigo perito.

Ha sido su respuesta a la afirmación del perito de la defensa de la exconsejera Magdalena Álvarez. Juan Ramallo había señalado minutos antes que los peritos de la Intervención estaban preparando el terreno para acabar afirmando que “el Parlamento aprueba una ley fraudulenta”. Cosa que para Ramallo es muy grave porque supone “dar en el corazón del sistema democrático porque supone creer en la inutilidad del Parlamento o supone un error o fraude que se le hace al Parlamento”.

En este juicio las defensas tratan de hacer ver que no puede existir la prevaricación de los ex altos cargos en la elaboración del proyecto de presupuestos, donde se incluía la fórmula de pago de los ERE, porque la ley de presupuestos la aprobaba el Parlamento. Las acusaciones, en cambio sostienen en base a los informes de los peritos de la Intervención, que los ex altos cargos elaboraron un presupuesto prevaricador que permitió la malversación de fondos públicos.

El Gobierno andaluz concedió las ayudas investigadas usando transferencias de dinero de la consejería de Empleo a la agencia IDEA. Empleo decidía a quién se concedía la subvención e IDEA abonaba la IDEA. Con este sistema no existió control del gasto en Empleo. La Intervención General de la Junta dijo en sus informes que era un “sistema inadecuado”.

El este primer juicio de los ERE se sientan en el banquillo los expresidentes de la Junta, Chaves y Griñán, seis ex consejeros y otros 12 ex altos cargos de la Junta.

Cargando
Cadena SER

¿Quieres recibir notificaciones con las noticias más importantes?