Los expertos proponen recurrir al Constitucional para anular la inmatriculación de la Mezquita

La comisión de expertos, presidida por Federico Mayor Zaragoza, entiende que la inmatriculación "no tiene validez jurídica" y que la Iglesia Católica "no es la propietaria" del monumento. El recurso ante el Tribunal Constitucional no obtuvo suficiente apoyo parlamentario en 2015.

Vista interior de la Mezquita Catedral de Córdoba con el Mirhab al fondo. /

Los expertos convocados por el Ayuntamiento de Córdoba proponen la interposición de un “recurso de inconstitucionalidadpara anular la inmatriculación de la Mezquita Catedral. A juicio de la comisión de expertos que ha analizado el asunto, presidida por Federico Mayor Zaragoza, no debe ser el municipio quien reclame ante el Tribunal Constitucional la titularidad del monumento sino el Estado, para lo que el consistorio “recabará los apoyos parlamentarios necesarios”. Para los expertos “la Iglesia Católica no es propietaria, ni tiene título válido de propiedad, por lo que la inmatriculación a su nombre no debió producirse y no tiene validez jurídica”.

El informe de la citada comisión, al que ha tenido acceso Radio Córdoba, asegura que “no es su objetivo plantear cambio algunoen cuanto al uso católico del templo, aunque sí propone la creación de un patronato que vele por la “gestión integral del monumento”. Ese patronato estaría liderado por la Junta de Andalucía y contaría con representación del Estado Central, el Ayuntamiento, el Cabildo de la Catedral y “las Universidades y entidades culturales y de gestión del Patrimonio Histórico”.

Son las dos principales conclusiones de este trabajo. La primera, la del recurso ante el Tribunal Constitucional, ya la intentó sin éxito en 2015 la Plataforma por una Mezquita de Todos, al no conseguir respaldo de los 50 parlamentarios o senadores necesarios para presentar dicho recurso. El PSOE no apoyó esa iniciativa haciendo inviable la aritmética.

El informe, de 20 páginas, plantea varias consideraciones en torno a las que construye sus propuestas.

 

Carácter estatal de la propiedad del monumento

 

La comisión asegura que, tanto en el origen de la construcción de la Mezquita como a partir de la conquista de Córdoba, el templo fue propiedad del Estado. Niega la existencia de “constancia fehaciente” de la basílica de San Vicente, que la Iglesia señala como templo sobre el que se construyó la mezquita aljama, destaca la continua intervención del Estado liderado por la dinastía Omeya y también por los reyes españoles tras la conquista de Fernando III en 1236. Para la comisión no hubo “donación expresa” del templo a la Iglesia, que “habría sido imprescindible para que el bien pasar a la propiedad eclesiástica”. El texto cita varios acontecimientos que respaldarían esa relación de propiedad del rey hacia el edificio, estableciendo preeminencias protocolarias e interviniendo en la conservación del mismo.

 

Inconstitucionalidad de la ley de 1998 que recuperaba la consideración de fedatarios públicos para los obispos

Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral. / CADENA SER

 

En este punto radican los argumentos jurídicos más sólidos para avanzar en la recuperación de la propiedad pública para la Mezquita de Córdoba. La comisión considera “injusta y lesiva” para los ciudadanos la situación actual. Porque la inmatriculación “rompe el principio básico de igualdad ante la ley” vigente en la Constitución de 1978: la inscripción se realizó sin demostrar la propiedad y equiparaba a la autoridad eclesiástica con fedatarios públicos. Además, el registro supuso una “omisión del deber de comprobación” por parte del Registro de la Propiedad “lo que anula la validez” y ni siquiera se hizo una descripción del bien (solo señala un impreciso “Santa Iglesia Catedral”). En realidad, al incidir sobre la inconstitucionalidad de la ley que permitía las inmatriculaciones, la comisión propone un camino que podría afectar a todas las realizadas gracias a la modificación que Aznar hizo de la ley franquista de 1944. Si prosperara el hipotético recurso que se presente para reclamar la Mezquita sería un camino que, con seguridad, será repetido.

 

Vinculación de las instituciones públicas municipales con la Mezquita

 

Dice el informe que, desde su construcción, el pueblo de Córdoba, a través de su Concejo mostró su apego hacia el edificio, opinando sobre las intervenciones que anunciaban sus propietarios sobre la Mezquita. Negándose al intento de al-Hakam II de corregir la orientación del muro de la Kibla (como es sabido no mira a La Meca), rechazando en 1523 las obras de construcción de la Catedral que finalmente obtuvieron licencia real de Carlos I. El Ayuntamiento consideró “inadmisible” en 1906 que el Cabildo cobrara 2 pesetas por la visita pública. Solo lo aceptarían si la entrada es para “la exhibición de las alhajas de la Santa Iglesia” pero no a la contemplación de “un edificio que pertenece a la nación”, dice el informe. Estos y otros acontecimientos sirven a la comisión para sustentar la legitimidad del consistorio cordobés a seguir defendiendo el carácter popular del edificio, símbolo de la ciudad.

 

Las propuestas de actuación

que señala la comisión pasan porque el Ayuntamiento, “que no debe pretender el registro como propiedad municipal”, recabe los apoyos parlamentarios necesarios para interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. “Solo en caso de no prosperar esta vía entendemos que el Ayuntamiento podría intentar hacer uso de los tribunales ordinarios, en un proceso más complejo dado que la institución municipal no debe reclamar la propiedad del bien”, añade. El pasado lunes, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE) aseguró en una entrevista en Hoy por Hoy Córdoba que sería una irresponsabilidad que el gobierno no reclamase la titularidad pública de la Mezquita.

La comisión asegura que es “evidente” que la Mezquita “sufre graves carencias”. Propone un “plan de conservación a medio y largo plazo” y califica de “poco asumible” que este edificio “se gestione en pleno siglo XXI conforme a modelos del siglo XIX”. Por ello entiende que hay que señalar “las principales amenazas, riesgos y medidas correctoras necesarias”. Entre ellas la falta de servicios, la necesidad de creación de un Museo de la Mezquita (propone que se ubique en el Centro de Recepción de Visitantes) para la correcta comprensión del templo y para asegurar la conservación y difusión del monumento. Para ese plan reclama los esfuerzos de “todas las instituciones”.

El informe de la comisión de expertos está firmado por Federico Mayor Zaragoza, Juan B. Carpio Dueñas, doctor en Filosofía y Letras e historiador medieval de la UCO y Alejandro García Sanjuán, especialista en Historia Medieval del departamento de Historia, Geografía y Antropología de la Universidad de Huelva; la comisión ha contado con la participación de Carmen Calvo, en calidad de Catedrática de Derecho Constitucional, hasta su designación como vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez.

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