La fiscal acusa al Gobierno de Murcia y ACS de "planificar" un agujero de 600 millones con la desaladora

La fiscal María Isabel Neira Campos, que investiga el caso de la desalinizadora de Escombreras (Región de Murcia), considera que el Gobierno de la Región de Murcia (PP) y dos empresas privadas, una de ellas Cobra, filial de ACS (el grupo de Florentino Pérez), planificaron las estructuras societarias que provocaran un agujero de 600 millones de euros en la planta construida en 2005, según consta en un informe del ministerio público de 13 de julio, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Un informe que ha trasladado al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia que investiga los hechos.

En su escrito, Neira señala que "desde la recepción provisional y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras en abril de 2009, se ha mostrado como una fuente de gastos imponentes para el Gobierno de la Región de Murcia que se mantiene nueve años después", explica la fiscal, que consideran que las firmas privadas y el Ejecutivo murciano, entonces presidido por Ramón Luis Valcárcel, ahora eurodiputado del PP, pudieron haber amañado el contrato de la desaladora de Cartagena.

En sus conclusiones, la representante del ministerio público señala que todos los indicios "apuntan a que se planificó coordinadamente entre el Ente Público del Agua (EPA) del Gobierno de Murcia y las sociedades mercantiles privadas investigadas (Hidromanagement S.L. y Grupo Cobra/ACS) todo un esquema de contratos y sociedades constituidas cronológicamente según un orden aparentemente disociado entre lo público y lo privado, aunque en realidad parecen obedecer a un diseño único, para conseguir que se construyese una planta desaladora en el valle de Escombreras", especifica el escrito del pasado 13 de julio.

Y los contratos que suscribieron las empresas privadas y el Gobierno de Murcia, y el modelo de financiación determinaron que el erario público murciano asumiese obligaciones y costes, "de tal envergadura que resulta injustificable" este modelo de negocio, según el escrito que la fiscal Isabel Neira Campos ha enviado al juzgado murciano.

La fiscal habla de contratos muy lucrativos y alerta de que la parte pública "paradójicamente acabó cargando todo el peso económico". De ahí que apunte a los delitos de malversación de caudales públicos continuado, cohecho continuado, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario.

En el escrito que la fiscal ha trasladado a la juez de Murcia María del Mar Azuar, se reclama que cite a declarar como imputados a los integrantes del Ente Público del Agua (EPA) Juan José Beltrán Valcárcel, Diego Manuel Pardo Domínguez, Miguel Ángel Ródenas Cañada y Diego Cola Palau, así como al empresario José Caballero Sevilla, persona vinculada a Hidromanagement SL. También solicita que se llame a declarar como imputada a María Antonieta Fernández Cano, secretaria del consejo de administración de Desaladora de Escombreras S.A. hasta su despido en mayo de 2007.

La fiscal reclama también que se llame a declarar como imputados al director general de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, José Alfonso Nebrera García; al consejero delegado de Tedagua S.A. y director general de Proyectos Integrados vinculado al Grupo ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A, Ramón Jiménez Serrano; y al director financiero del Grupo ACS industrial, Cristóbal González Wiedmaier.

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