El perito de la exconsejera Álvarez vuelve a culpar a la Intervención

Sevilla

La Fiscalía ha seguido este lunes preguntando a los nueve peritos de acusaciones y defensas que siguen discrepando de la naturaleza jurídica de las 270 ayudas otorgadas por la Junta durante una década o sobre cualquier cuestión que se plantea. Ángel Turrión, portavoz de los peritos designados por la jueza Alaya, ha insistido en que solo el 30 % de las subvenciones investigadas fueron para prejubilar a trabajadores. El 70 % restante se dio a empresas para objetos “dispares o pintorescos” o “sin objeto concreto ni definido asimilándose a una liberalidad”. El perito de la exconsejera acusada, Magdalena Álvarez, le ha respondido que debería haber “estado la Intervención” y “su autorización”; en referencia a que la Intervención es la responsable de que todo eso haya podido ocurrir.

Esos objetos “dispares y pintorescos” eran, entre otros: pagar fiestas de un ayuntamiento, un curso a personal directivo de la Junta, una subvención para un máster de la Universidad de Sevilla, la gratificación de los directivos de Santana Motor, el pago de las nóminas atrasadas de peluqueros Antonio Gálvez, para montar una granja de pollos que nunca se construyó, para pagar la nómina de una empresa que no tenía trabajadores.

Turrión también ha hecho referencia a la falta de solicitud de las ayudas, a la falta de una memoria justificativa de por qué se concedía el dinero.

La mañana ha comenzado con el debate sobre la naturaleza jurídica de estas ayudas. ¿Eran subvenciones, eran subvenciones excepcionales, eran subvenciones extraordinarias, eran subvenciones sociolaborales?, ¿estaban sujetas a la Ley de Subvenciones o a las órdenes ministeriales de los años 1994 y 1995?

Para los peritos designados por el juzgado se trata de subvenciones sujetas a la Ley de Subvenciones que se dieron sin ningún tipo de regulación, sin bases reguladoras.

El fiscal ha querido con sus preguntas poner de manifiesto que cuando se introduce en el presupuesto el concepto de transferencia de financiación, en el 2001, cambió radicalmente la tramitación de las subvenciones que concedía Empleo. “Hasta entonces, como cualquier otro gasto, estaba sometido al control de la Intervención de Empleo”, ha explicado el portavoz de los peritos nombrados para investigar el caso. Antes siempre existía la solicitud o la memoria justificativa.

Otra de las preguntas que ha formulado el fiscal se ha referido a si las ayudas concedidas por la Junta iban destinadas a las empresas o a los trabajadores de esas empresas. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza, que ha elaborado un dictamen a instancias del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, ha destacado que cuando las ayudas se destinan al pago a los trabajadores "no es un ayuda a la empresa, porque estas ayudas no tenían para las empresas carácter liberatorio de sus obligaciones con los trabajadores". Una cuestión que le han rebatido los peritos judiciales.