Madrid impide a los mayores de 60 años acceder a una residencia especializada en discapacidad intelectual

La orden 1363/1997 de la Comunidad de Madrid en el artículo 3 establece como límite los 60 años para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a un recurso residencial especializado. Al menos desde 2013 'Plena Inclusión Madrid', la organización que representa a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, lleva pidiendo -sin resultado- a los diferentes consejeros de políticas sociales que modifiquen la norma.

La orden no afecta a las personas que cumplen 60 años y que ya están viviendo en una residencia específica, en ese caso sí se les permite permanecer en el centro. El problema aparece cuando una persona con discapacidad intelectual envejece con su familia -sus padres o hermanos- y, llegados todos a una determinada edad, necesitan ingresarle en una residencia porque ya no se pueden hacer cargo de ella. Es en este caso cuando, si supera los 60 años de edad, la Comunidad solo le da la opción de ir a vivir a una residencia convencional y no a una especializada en discapacidad intelectual que es lo que necesita.

El pasado mes de febrero el Tribunal Constitucional sentenció que la norma de la Comunidad era inconstitucional. Fue a raíz de la demanda de una persona con discapacidad intelectual a la que la Comunidad denegó su solicitud de acudir a una residencia especializada y, amparándose en la orden, le concedía plaza en una residencia de mayores convencional. En la sentencia el tribunal indica que en este caso se produjo una doble discriminación, por edad y por discapacidad.

Para Javier Luengo Director General de 'Plena Inclusión Madrid': "Es inconcebible que, incluso con una sentencia del Constitucional en contra, la Comunidad todavía no ha cambiado la orden, se debería haber hecho de manera inmediata. No se dan cuenta de que son personas que necesitan un tipo de atención especializada muy diferente a la de una residencia convencional. Muchas de estas personas llevan toda la vida viviendo con sus familiares y, de repente, se enfrentan a vivir en una residencia, sin apoyos, sin instalaciones adaptadas, sin personal especializado... Y esto provoca desarraigo y un importante deterioro en su vida.

Hoy en el Pleno de la Asamblea el Partido Socialista va a defender una proposición no de ley para instar al gobierno a que modifique la orden, la portavoz Mónica Silvana espera contar con el apoyo de todos los grupos para "acabar con este despropósito que vulnera la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad". Madrid no puede seguir mantenido exclusión, insiste la Diputada, necesitamos que haya igualdad de trato y que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley".

La Consejería de Políticas Sociales, consciente de la situación, asegura que está trabajando en la actualización de la norma. El cambio, nos dicen, lo recoge ya la estrategia madrileña de atención a las personas con discapacidad 2018-2022