Cort reanuda los desalojos en Son Banya y prevé que a finales de año ya se habrán derribado 45 casas

PALMA

El poblado de Son Banya ya tiene 4 viviendas menos. Hoy se ha reanudado la operación de desalojo del poblado, que prevé derribar 3 o 4 casas por semana hasta acabar con las 38 que quedan en pie. 

Cort prevé que 45 familias habrán abandonado Son Banya en diciembre, de las cuales 17 recibirán ayudas municipales por ser familias vulnerables.

La operación de desalojo ha empezado poco más tarde de las 9 de la mañana, con operativos de la Policía Nacional y la Policía Local, en total más de 50 agentes.

Junto con los furgones de la Policía Nacional también ha entrado la comisión judicial con las órdenes de desalojo y demolición de las casas. En total 4 viviendas, 3 en la calle 4 y la restante en la calle 5, habitadas por 4 familias.

A las 11 de la mañana ya se habían desahuciado las 4 casas, sin ningún incidente, y se habían hecho las notificaciones para desalojar las casas de la semana que viene. Durante la operación, ha estado en el poblado el director general del área de Bienestar y Derechos Sociales, Joan Antoni Salas.

Desde Cort afirman que las familias que no se han acogido a las ayudas que proporcionaba el Ayuntamiento, como es el caso de las familias desalojadas hoy, es porque la mayoría tienen familia fuera del poblado o otras casas donde poder ir a vivir. De hecho, Sales explica que creen que estas 4 familias ya hacía días que vivían fuera de Son Banya.

La regidora de Bienestar y Derechos Sociales del Ajuntament de Palma, Mercè Borràs, destaca que el operativo se haya desarrollado sin ningún incidente y deja claro que lo que más preocupa a Cort es la situación de los cerca de 200 menores que se contabilizan en Son Banya.

Borràs también ha querido destacar que las 3 familias desalojadas el pasado mes de julio están conviviendo sin ningún tipo de problema en sus nuevas viviendas y barrios.

Estas tres familias se acogieron a las ayudas del Ayuntamiento, ya que cumplían los requisitos que pide Cort: una salida voluntaria, no tener causas judiciales pendientes por narcotráfico y no tener otras viviendas o familiares que les pudieran ayudar.

La desaparición total del poblado está prevista para 2020 después de que todas las fuerzas políticas firmaran un acuerdo.