El Gobierno vasco plantea repartir migrantes según ingresos, población y paro

Vitoria

El Gobierno vasco se ha visto obligado a adecuar su estrategia migratoria después de un verano marcado por la imprevista e inédita afluencia a Euskadi de aproximadamente 3.200 migrantes en tránsito. 

El conjunto de actuaciones presentadas hoy incluyen un programa denominado 'Share' (compartir) con el que el Ejecutivo vasco pretende involucrar a la Unión Europea y al Gobierno de Pedro Sánchez en la respuesta a los nuevos flujos migratorios de refugiados, menores extranjeros no acompañados y migrantes en tránsito.

La propuesta, inspirada en el modelo alemán, persigue distribuir territorialmente el esfuerzo de acogida según tres parámetros: ingresos fiscales, población y desempleo que tendrían una relevancia en el reparto del 50%, 30% y 20% respectivamente.

Un planteamiento "abierto" de "adhesión voluntaria" y sujeta a "incentivos" que recibirían los países o regiones "comprometidas" que asuman el compromiso de acoger a estas personas.

Pacto Social

El secretario general de Derechos Humanos, Jonan Fernández, y la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, han desgranado la nueva 'hoja de ruta' del Gobierno vasco para abordar el reto migratorio que incluye un Pacto Social en Euskadi para la Migración, cuyo debate abrirá el próximo mes de octubre.

"El objetivo es alinear a todos los demócratas vascos en favor de una pedagogía de acogida e integración basada en la solidaridad y hacer frente a los discurso tóxicos populistas o xenófobos y a la propagación de rumores anti-inmigración" ha asegurado Fernández.

Otra de las acciones presentadas hoy está dirigida a la formación para el empleo de los MENAS que cumplen la mayoría de edad y tienen que abandonar los centros forales de acogida  y que técnicamente se conocen como JENAS (Jóvenes Extranjeros No Acompañados).

"Vamos a ofrecerles formación completa durante dos años porque muchas veces estos jóvenes andan dando tumbos en diferentes cursos pero no se centran en nada y ocurre que no están capacitados para un trabajo concreto" ha explicada Amilibia.

Se trata de mejorar la empleabilidad a un colectivo que queda desprotegido tras abandonar los centros para menores tutelados por las diputaciones.