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El gobierno del PP en Tres Cantos no cobra a dos centros educativos el IBI de su parte 100% privada

Ganemos afirma que es una irregularidad manifiesta y raya la prevaricación.

Fachada del Humanitas Bilingual School Tres Cantos / Humanitas Bilingual School Tres Cantos

Tres Cantos

Ganemos Tres Cantos ha acusado al gobierno municipal del Partido Popular de estar retrasando deliberadamente el cobro del IBI a los dos colegios privados-concertados asentados en la localidad aludiendo, afirma la formación a la supuesta necesidad de informes técnicos.

La ley exime de pagar el IBI por la parte concertada, que es reembolsada al ayuntamiento por la Administración Estatal. El problema está en que los dos centros, Humanitas y Nuestra Señora de la Merced, tienen ciclos concertados, pero también tramos educativos y espacios 100% privados.

Así afirman desde Ganemos, el ayuntamiento no les está cobrando la parte proporcional de IBI de los bachilleratos, el tramo infantil, la residencias o los espacios comunes a esos usos. Federico Mas insiste en que el gobierno estatal ya ha explicado que solo compensa el IBI de la superficie de la parte concertada.

Mas lamenta que en Tres Cantos al no haber ni siquiera expediente de cobro, lo máximo que se podrá exigir a estos centros sería el pago de los cuatro últimos años de IBI. Para Ganemos que el ejecutivo del PP no les haya cobrado es “una irregularidad manifiesta y obedece a cuestiones ideológicas”.

El portavoz de Ganemos Tres Cantos, Federico Mas, sobre el IBI de los centros educativos

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El gobierno municipal de Tres Cantos ha declinado hacer declaraciones sobre este asunto.

Alcobendas y Sanse si cobran el IBI de la parte proporcional 100% privada

El ayuntamiento de Alcobendas (PP) ha confirmado a SER Madrid Norte que pasan a los centros en esta situación un recibo del IBI para la superficie de los inmuebles correspondientes a otros usos de enseñanza no concertada.

En San Sebastián de los Reyes (PSOE), el caso de un centro concertado-privado está en el Trinity College, que paga un IBI ajustado a la parte proporcional del valor catastral que dedican a educación o servicios privados. Ambos ayuntamientos han confirmado que después se pide la compensación de la exención al gobierno estatal.


 
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