Imputados por delito continuado de agresión sexual

Aranda de Duero

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero ha dispuesto el procesamiento por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años a los tres exjugadores de la Arandina investigados tras ser denunciados el pasado mes de diciembre por el padre de una adolescente de 15 años.

En el auto la jueza afirma que concurren en los investigados “claros indicios de culpabilidad respecto de los hechos punibles” que describe en el propio documento, y entre los que recoge que el día de autos la menor se encontró en una situación de bloqueo en la que no pudo decir que no a diversas prácticas sexuales a las que la sometieron los tres investigados. Apelando al volcado de los móviles el auto indica que los encausados conocían la edad de la menor y se valieron en la situación relatada de su superioridad en madurez y en número.

Estas afirmaciones se basan en el análisis de las actuaciones judiciales practicadas, que el auto relaciona con detalle: declaraciones de implicados, víctima y testigos, informes policiales del volcado de móviles, y diversos informes forenses, tanto médicos como psicológicos y de biología forense. De estas actuaciones se desprende, según el auto del juzgado arandino que mientras la víctima relata los hechos de manera coincidente, los investigados se limitan a negarlos “no coincidiendo en algunos aspectos de sus versiones entre sí”. Apela a testimonios de menores de edad que corroboran periféricamente la versión de la denunciante, como ocurre igualmente con declaraciones de otros testigos de su entorno más próximo. La jueza también muestra su convencimiento de que los investigaos conocían la edad de la menor (15 años en el momento de los hechos denunciados) “como de sus intenciones sexuales con la misma valiéndose de su superioridad en madurez y en número”

Según informa oficialmente el TSJ de Castilla y León dicho auto supone la imputación formal de los tres jóvenes. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aranda de Duero mantiene la situación de libertad con las medidas cautelares que les fueron impuestas tanto por la Audiencia Provincial de Burgos como por el propio juzgado, aunque les impone una fianza solidaria de 52.000 euros por si existieran responsabilidades económicas a las que deban hacer frente como consecuencia del caso, o bien por las cosas del pleito o por responsabilidad civil que se derive de daños morales.

De hecho el Juzgado ha decidido formar pieza separada sobre la responsabilidad pecuniaria de los procesados. Se advierte de que de no cumplir dicho requerimiento se procederá al embargo de los bienes de su propiedad necesarios para atender dicha suma, salvo que acrediten su insolvencia.

El Juzgado ha acordó también tomar declaración indagatoria a los encausados el día 15 de octubre.

La resolución contenida en el mencionado auto tiene fecha del pasado 20 de septiembre, no es firme y cabe recurso de reforma ante el propio Juzgado de Aranda de Duero y/o de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos. Un recurso en el que ya trabajan algunas de las defensas.

Aunque quedan algunos flecos por rematar fuentes del caso dan prácticamente por concluida la instrucción, tras la cual el próximo hito importante será cómo califiquen las partes, especialmente la fiscalía, el delito del que les acusa.

Antes de cerrar la instrucción falta todavía por incorporar la resolución de los recursos que planteó la acusación particular a la decisión del juzgado arandino de renunciar al testimonio de un joven que participaba en un chat de whatsapp en el que la Policía detectó conversaciones que coincidían con los hechos denunciados.