El informe jurídico determina que hubo irregularidades en las fiestas de la Magdalena de 2008 a 2015
Sin embargo, el documento recomienda acometer una investigación más profunda para determinar si se considera delito
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Imagen de archivo de las fiestas de la Magdalena 2011 / Radio Castellón
Castellón
El informe jurídico que encargó el Ayuntamiento de Castellón sobre la Comisión de Investigación de la Junta de Fiestas, concluye que existieron irregularidades durante la gestión de las Fiestas de la Magdalena pero afirma que no se puede determinar si pueden considerarse delito, porque falta documentación que lo acredite. Un informe cuyo contenido se ha publicado casi dos años después del inicio de la investigación.
La Comisión de Investigación de la Junta de Fiestas de Castellón se inició en noviembre de 2016 a petición de Castelló en Moviment, con el objetivo de determinar si hubo irregularidades en la gestión de las Fiestas del 2008 al 2015, durante la etapa de Jesús López al frente de la Junta. Tras llamar a declarar más de 30 personas del mundo de la fiesta y recopilar facturas, los grupos emitieron sus conclusiones, pero decidieron que fueran los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que decidiesen si había indicios de delito para presentarlo en Fiscalía.
Finalmente, el gobierno decidió externalizar el caso y encargar un informe a un catedrático experto para auditar las cuentas del Patronat y de la Fundación de Fiestas, demorando así la resolución durante más de un año. El documento jurídico recomienda recabar más información sobre las irregularidades en Fiestas para determinar si hay responsabilidad penal. El informe señala que los comportamientos irregulares detectados no se ajustan a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y recomienda acometer “una investigación más rigurosa, profunda, extensa y acreditada” a fin de “alcanzar una calificación de indicios procesales susceptibles de abrir una investigación criminal por los órganos competentes”. A pesar de “constatar una clara sucesión de irregularidades”.
El dictamen incide en que falta de soporte documental en el periodo de tiempo investigado (2008-2015), lo que impide determinar hipotéticos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales o falsedad. Por lo tanto, sugiere la conveniencia de “profundizar en la averiguación”.
