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El Govern impedirá "clientelismos" en la adjudicación de las VPO de Puig d'en Valls

El conseller de Vivienda dice que vigilarán para "que no haya trampa ni cartón" en este proceso

Marc Pons, en su intervención de hoy en el Parlament / Cadena SER

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El conseller balear de Vivienda, Marc Pons, ha  advertido de que estarán vigilantes para que se cumpla la ley en el proceso de adjudicación de  49 viviendas de VPO en Puig d'en Valls.

Pons que ha respondido en el Parlament a dos preguntas sobre esta polémica formuladas por los  diputados de Podemos Aitor Morrás y del Partido Popular Miguel Jerez ha destacado que todo este proceso está regulado y debe hacerse "en condiciones de igualdad".

Señala que el único registro "válido" es el de la Comunidad Autónoma y que son 711 las personas inscritas del municipio de Santa Eulària. El conseller ha mirado directamente al Ayuntamiento de la Villa del Río que "creó una lista alternativa". Afirma que no se permitirá el  "clientelismo, ni que entre gente de la lista del Consistorio". Asegura que tanto la promotora como la corporación local saben que esta es la posición del ejecutivo autonómico  pero que el problema se ha producido  " porque la promotora quería aplicar la lista del Ayuntamiento y por esa razón "`pidió un informe, pero la única lista que vale es la del IBAVI".

Pons ha pedido que "no creemos confusión y quien ha ampliado esta problemática debe ponerle seny porque no puede haber privilegios".

El conseller destaca que la promotora tiene en su poder el único listado válido y recalca que la adjudicación "debe hacer por orden cronológico de inscripción". Además, se debe comprobar que se cumplen los requisitos que establecen que las familias beneficiarias no pueden tener ingresos anuales superariores a los 37.600 euros.

Por su parte Jerez dice que "no se están cumpliendo los criterios, existe discriminación y algunos afectados que habían formalizado antes su inscripción no aparecen en el listado y se han visto perjudicados". El diputado del PP ha pedido "transparencia y que se haga una lista sin injusticias y sin discriminar a nadie". Ha culpado al IBAVI de la problemática actual "porque no cuenta con el personal suficiente".

 Morrás ha cuestionado el precio de las viviendas que es de 270.000 euros y ha criticado el uso de suelo público "para promover viviendas de mercado libre". Pons señala que existe una Real Decreto que establece los precios. Pons aclara que  los pisos deben ser de 90 metros  a 3.000 euros el metro cuadrado como tarifa máxima "que es la que se ha aplicado en este caso".

 
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