Nuevo proceso para adquirir la autoescala de bomberos

Castro Urdiales

El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha sacado adelante el expediente de contratación para la adquisición de la auto-escala de Bomberos, punto que solo ha contado con el voto favorable de CastroVerde y Partido Popular. Pese a haber reivindicado en numerosas ocasiones la importancia de esta inversión, recuerda el área de Comunicación, los grupos de la oposición alegaron dudas y falta de información, absteniéndose finalmente PSOE y PRC, mientras que el concejal del grupo Más Castro faltó a la sesión.

Este asunto llega al pleno municipal como segundo intento de obtener una oferta para el arrendamiento financiero del vehículo, ya que el primer proceso lanzado quedó desierto a pesar de haber mostrado interés una entidad financiera. Previamente a este trabajo de contratación hubo que conseguir una modificación presupuestaria para hacer frente a la inversión, culminada ya en el año 2017.

En esta ocasión se llevó el punto a una comisión informativa para explicar que iría directamente a pleno como proposición de Alcaldía, al no contar aún con el informe favorable del interventor municipal aunque los pliegos y detalles de la contratación eran conocidos por los grupos de la oposición. Este documento del interventor ha sido incorporado finalmente al expediente y es positivo, aunque generó inquietud en los partidos políticos el hecho de que, en él, el funcionario habilitado recomienda subir el IBI un 1,32% en enero de 2019 para compensar el aumento de gastos que supone la auto-escala.

En realidad se trata solo de una propuesta del interventor que en ningún momento ha sido compartida ni mucho menos admitida por el equipo de gobierno, ya que el encaje presupuestario de las cuotas de la auto-escala se puede acometer de otras maneras que no sean aumentar la carga impositiva a los ciudadanos, por ejemplo reduciendo otros gastos y ajustando el presupuesto.

El expediente recién aprobado en pleno prevé varias modificaciones del arrendamiento financiero, adaptando los pliegos a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, reduciendo el plazo de amortización de seis a cinco años por exigencia legal, actualizando el modelo y precio del vehículo y eliminando la obligación de presentar garantía a los ofertantes.