La Oficina del Menor alerta de que sin recursos especializados se mantendrá el retraso en las medidas de protección

PALMA

El responsable de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor en Balears ha vuelto a pedir más recursos especializados para valorar los casos de posible maltrato infantil, para prevenir violencia en el seno familiar. Una petición que se produce la misma semana del asesinato en Castellón de dos niñas por parte de su padre, contra quien la madre de las pequeñas había pedido medidas de protección por malos tratos, que le habían sido denegadas. El caso ha reabierto el debate y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia pedía estos días la incorporación urgente en los juzgados de psicólogos especializados en detectar situaciones de riesgo de violencia contra menores.

Según el responsable de la oficina del Menor en las Islas, Serafín Carballo, esta petición es especialmente importante en regiones como la nuestra, que encabezan las estadísticas de las denuncias por agresiones a mujeres. Opina que esto justifica que se distribuyan los recursos no solo amparándose en el criterio de población sino también en la incidencia de este fenómeno. Carballo advierte que el Ministerio de Justicia debe responsabilizarse de dotar adecuadamente estos equipos psicosociales y forenses "para que ayuden a los jueces a tomar sus decisiones".

El problema principal es que los equipos forenses que trabajan en los juzgados tienen que asumir todo tipo de casos, no solo los relacionados con maltrato a menores. Incluso en algunas áreas, como Manacor e Inca, carecen de estos prifesionales y en Ibiza se ha mantenido durante mucho tiempo una plantilla deficitaria debido a una baja que no se cubría. Todo esto retrasa meses e incluso años la valoración de un menor.

Serafín Carballo advierte de que si no se refuerzan los medios especializados en protección a la infancia en el ámbito judicial y forense, se corre el riesgo de prolongar situaciones como las que se producen actualmente, en que el tiempo medio que transcurre entre que se interpone la denuncia y hay una sentencia judicial firme puede ser superior a los dos años.