La Audiencia Nacional no juzgará el caso de las temporeras marroquíes

Huelva

La Audiencia Nacional no juzgará el caso de las temporeras marroquíes. En un auto, el juez Santiago Pedraz ha inadmitido la denuncia interpuesta por la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ). El caso de los presuntos abusos sexuales y laborales seguirá en los juzgados de La Palma del Condado.  

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz incoaba en agosto diligencias previas y solicitaba información a la la Guardia Civil de Almonte y a los juzgados de Instrucción de La Palma del Condado para que le remitiesen toda la información sobre las denuncias por parte de temporeras por presuntos abusos sexuales en una finca de la localidad. El magistrado pedía igualmente al fiscal un informe sobre si la Audiencia es competente para investigar las denuncias presentadas por un delito de Lesa Humanidad por varias ciudadanas marroquíes que eran víctimas de abusos sexuales en una finca de recogida de fresas en Almonte. Hoy, en un auto, el Juez considera que los hechos denunciados son competencia del juzgado que ha iniciado la instrucción del sumario en la Palma del Condado, al tratarse de denuncias y presuntos abusos localizados en Huelva. 

Hoy además hemos conocido una nueva vuelta de tuerca a la situación que viven las diez jornaleras marroquíes que denunciaron presuntos abusos laborales y sexuales en el campo en Huelva. Esta vez han denunciado al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por hacerlas trabajar de manera irregular, usarlas para promocionar el sindicato y apropiarse de parte del dinero de una donación que recibieron de una compatriota para sufragar su estancia en España.

La Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia ha denunciado ante la Guardia Civil estos hechos.

Estas mujeres se sienten de nuevo explotadas, utilizadas y están atemorizadas. Los letrados de este colectivo creen que se ha llegado a esta situación porque ni los estamentos judiciales, ni la policía, ni las autoridades han hecho nada para protegerlas según Belén Luján, una de sus abogadas. 

Los letrados de AUSAJ subrayan que esta situación se produce porque ni juzgados, ni autoridades policiales, autonómicas o estatales han hecho nada por activar el Protocolo Marco en materia de trata o cualquier otro acto de protección hacia las denunciantes.