El 55% de las viviendas turísticas de Córdoba no cumplen la ley

Córdoba

El 55% de las viviendas turísticas de Córdoba son ilegales, ya que no están en el Registro de Turismo Andaluz tal y como exige el decreto de 2016 que las regula. Así se desprende de los datos recogidos en el estudio que está realizando la cooperativa 'Espacio Común' para el Ayuntamiento de Córdoba. De las 1.871 viviendas, enteras o por habitaciones, que se comercializan en canales como Airbnb, sólo 853 están registradas.

De los inmuebles con fines turísticos con anuncios activos en estas plataformas durante el último año, sólo la mitad se ofertan por 6 meses o más y de esas, sólo la tercera parte están ocupadas durante más de 6 meses. Ahora falta por ver si, cumplido en septiembre el plazo establecido entre Junta y Airbnb para retirar las ofertas de viviendas que no estén registradas se produce una "avalancha de inscripciones" como ha pasado en Málaga.

Así lo ha explicado Mario Estivill, responsable del estudio, que ha desgranado los datos del avance del estudio, que estará terminado para final de año.

En cuanto a la presión turística sobre la población, la más alta está en el entorno de la catedral con un 17% de viviendas turísticas, seguido de la zona de San Francisco y la Ribera, con un 15%, El Salvador y La Compañía con un 13% y San Pedro con un 10%. Muy lejos de ciudades con las que podría compararse, como Sevilla, en cuanto a su casco histórico. En el barrio de Santa Cruz, la presión llega al 40%. Y si se comparan los centros de ambas ciudades, sin mucha diferencia de habitantes (24.000 viviendas en Córdoba frente a las 34.000 de Sevilla), aquí la presión es de un 4'7 frente al 20% en el caso sevillano.

No obstante, estas circunstancias permiten abordar el fenómeno en un estado menos avanzado.  "Este tipo de fenómenos sabemos cómo empiezan pero no cómo terminan, aunque haya lugares donde esté muy avanzado. Yo creo que sería preocupante si tiene incidencia sobre la población de la ciudad", explica Estivill, que insiste en la conveniencia de que las decisiones políticas se tomen sobre datos técnicos.

Por su parte el presidente del IMTUR, Pedro García, ha incidido en que es un tema que "preocupa" al gobierno, y ha asegurado que el estudio será una herramienta útil para tomar "las decisiones políticas oportunas".