Política
Stop Desahucios

Stop Desahucios denunciará a bancos que no informen del derecho a carencia

La plataforma demandará ante el Banco de España a las entidades financieras que incumplan el Código de Buenas Práctica Bancarias

Stop desahucios

San Sebastián

La plataforma Stop Desahucios demandará ante el Banco de España a las entidades financieras que incumplan el Código de Buenas Práctica Bancarias (CBPB) y no informen a las personas en situación de vulnerabilidad sobre su derecho a firmar una carencia para reducir la cuota de la hipoteca y evitar ser desalojados de su vivienda.

Stop Desahucios Gipuzkoa ha llevado a cabo hoy una concentración frente a la sede del Banco Santander, situada en la Avenida de la Libertad en San Sebastián, una entidad a la que acusan de "intentar desahuciar por todas las vías a tres familias vulnerables" guipuzcoanas.

Es el caso de José Alvarado, un vecino de Errenteria perceptor de la RGI y con menor a su cargo, al que, según denuncia la plataforma, el Banco de Santander ha intentado desahuciar "por segunda vez" con la reclamación de 40.000 euros en concepto de cuotas pendientes además de la cifra total de la deuda que asciende a 255.178 euros.

En 2015 la entidad financiera inició la ejecución hipotecaria por el impago de 7 cuotas, que fue archivada en uno de lo primeros autos dictados por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que declaró nula la cláusula de vencimiento anticipado.

Este archivo supone que el banco debe retrotaer al demandado a la situación anterior a la sentencia, pero en junio de 2018 el Banco Santander "le ha reclamado las cuotas impagadas durante estos tres años que ascienden a 40.000 euros", ha explicado Stop Desahucios, que ha demandado a la entidad por cláusulas abusivas.

La portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, ha dado cuenta también de la situación de un vecino de Oiartzun para el que el banco ha aceptado la carencia "a la que tenía derecho" y cuya ejecución hipotecaria fue desestimada por la Audiencia Provincial en 2014 así como la de una mujer donostiarra que tampoco fue informada sobre esta posibilidad que finalmente ha sido tramitada por la plataforma.

García ha remarcado que el Banco Santander "incumple" el Código de Buenas Prácticas "a pesar de la multa" de 485.000 euros que le impuso el Banco de España y de la resolución de las Juntas Generales de Gipuzkoa dirigida a todas a las entidades del territorio que instaba a aplicarlo a los clientes que se encuentran en situación de vulnerabilidad antes de iniciar el procedimiento de desahucio.

La abogada de Stop Desahucios, Maite Ortiz, ha explicado que los bancos, en lugar de poner en conocimiento del cliente la posibilidad de la carencia, que para un crédito de 250.000 euros supone el pago mensual de 25 o 40 euros durante 5 años, "animan a renovar y sumar al crédito las cuotas que adeuda".

"Existe un desconocimiento sobre esta figura y son las plataformas y los servicios sociales de las instituciones quienes informan a las personas que pueden acogerse", ha indicado.

 
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