Una mujer víctima de maltrato habitual debe esperar hasta 2020 para su primera valoración de riesgo

Las Palmas de Gran Canaria

La Unidad de Valoración Forense Integral se creó en la provincia de Las Palmas en el año 2006 como órgano dependiente de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Su misión es analizar mejor el riesgo potencial de las mujeres que denuncian violencia machista con la ayuda de especialista, concretamente, de un médico forense, un trabajador social y un psicólogo.

Existe solo una unidad para toda la provincia, aunque, según la Ley Órganica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, debería existir una oficina por juzgado especializado. En el caso de Las Palmas, deberían ser dos, como mínimo. Por eso, la cabeza visible de esta unidad, la médico forense María José Meilán, asegura que "no dan abasto" y en estos momentos las citas para una primera valoración de las mujeres que denuncian se están dando para el año 2020.

"No mandamos las citaciones por la vergüenza que nos da. Lo apuntamos en el calendario pero a las mujeres no las avisamos porque siempre nos queda la esperanza de que algún caso se anule y podamos atenderlas antes", asegura esta especialista que añade: "Yo me pongo en la piel de una víctima y recibo un papel en el que me dicen que no me reciben hasta 2020 y te digo que no sé que puedo hacer".

"No se hace todo lo que deberíamos hacer, ya incluso los jueces nos piden lo imprescindible porque si no estaríamos colapsados por años" dice Meilán, quien también denuncia que no existe equidad territorial: "No es lo mismo la facilidad que tiene un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria que el que tiene uno en Lanzarote o Fuerteventura o incluso en municipios de Gran Canaria como Guía".

En estas unidades se estudian los casos que pueden ser violencia habitual, es decir, todo lo que no se sustancia en un juzgado de guardia y con orden de alejamiento. Se estudia a la víctima, al agresor, a los posibles hijos que existan...  Al mes se atienden entre seis y diez casos, dependiendo de la complejidad del expediente, lo que supone un centenar de casos anuales.

María José Meilán lo tiene claro: "Lo mínimo sería que existiese una unidad en cada isla y otra de refuerzo en Gran Canaria". Hasta hace un año aproximadamente se externalizaban algunos casos, "los menos complejos los derivábamos gracias al convenio que existía con el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas". Pero por decisión del ejecutivo dicho convenio se sustituyó por otro con una empresa privada: "Preferimos no mandarles casos porque es una asunto de alta sensibilidad y los tienen que tratar personas con formación en el tema".

Esta médico forense reclama precisamente también mejor formación de quienes trabajan en el ámbito judicial con víctimas de violencia de género: "La Ley indica que nos la debe facilitar la administración pública pero nos la tenemos que pagar cada uno de nuestros bolsillos".