Sociedad
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Castilla y León no asumirá la competencia de Justicia sin financiación

Comienzan en Burgos las jornadas anuales de presidentes de tribunales superiores de Justicia

Ricardo Ordóñez/Agencia Ical

Burgos

El presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera, asegura que la comunidad no asumirá la competencia de medios materiales y humanos de apoyo de la administración de Justicia sin que se garantice una "financiación suficiente". En su discurso en el acto de apertura de la reunión de los presidentes de tribunales superiores de Justicia, que se prolongará en Burgos hasta el miércoles, Herrera ha considerado especialmente relevante que la Constitución incluya a estos tribunales en el artículo 8, que se refiere a las autonomías, y no en el 6, donde hace referencia al poder judicial. En 2012, la Junta de Castilla y León llegó a un acuerdo con los principales operadores jurídicos de la comunidad para establecer condiciones para asumir la competencia de Justicia, fundamentalmente condicionada a una dotación financiera "adecuada". Herrera asegura que eso nunca se ha producido y no parece posible sin la reforma del modelo de financiación autonómica, que considera "urgente y perentoria". Insiste en que actualmente "ni siquiera es suficiente para cubrir los servicios esenciales", como Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

Los diecisiete presidentes de tribunales superiores de Justicia españoles unifican posiciones en la reunión anual de tres días, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL). En el encuentro se tratarán cuestiones decisivas para el futuro, de manera que los jueces que trabajan en los diferentes territorios tengan "mayores facilidades en su quehacer diario".

El presidente del TSJCYL, José Luis Concepción, recueda que entre los asuntos que se tratan estos días figuran la informatización y a protección de datos; la necesidad de criterios en materia de videovigilancia; y el aprovechamiento tecnológico en el ámbito de la cooperación judicial. También se abordará la "asignatura pendiente en nuestra justicia moderna", que es saber comunicar a la sociedad "el buen trabajo que se realiza", ha adelantado Concepción.

El presidente del TSJCYL aprovechó su discurso para insistir en que los jueces siempre afrontan su responsabilidad y puso como ejemplo su papel frente al fenómeno de la corrupción "con los escasos y desproporcionados medios" de que disponen. Además, ha considerado que actualmente, con los “tristes acontecimientos” que padece España, el tercer poder del Estado vuelve a un "evidente protagonismo" y dota de pleno contenido el principio de legalidad, en cuya salvaguarda trabajan jueces y fiscales.

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ha asegurado en su intervención que “la legalidad democrática debe estar por encima de las diferentes opciones políticas”. Recuerda que en un Estado de Derecho como es España, la división de poderes es importante y los parlamentos "no deben olvidar su función primordial, representar a la ciudadanía" y que sus actuaciones también están sometidas al cumplimiento de la legalidad vigente. Por eso, ha insistido en que los parlamentos "no tienen poderes ilimitados e incontrolables, sino que como el resto de los poderes del Estado están subordinados a la Constitución, cuya vigilancia y respeto es tarea de los jueces y de los tribunales y en especial del Tribunal Constitucional.

La defensa del papel de jueces y magistrados ha vuelto a ser una constante del acto, como viene ocurriendo en la práctica totalidad de las citas relacionadas con la Justicia en España. De hecho, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, asegura que este órgano ha actuado y seguirá haciéndolo "sin vacilaciones en defensa de los jueces y magistrados y de su decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos". Lesmes afirma que las personas cambian, pero la institución, el Poder Judicial, "siempre será fuerte y un referente en la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho". El presidente del CGPJ reclama "responsabilidad y comprensión a todas las instituciones" por la necesidad de velar por la independencia de los tribunales, como uno de los pilares básicos "del Estado de Derecho y de la democracia misma". Asegura que los jueces asumen con “abnegación, prudencia y responsabilidad” el protagonismo que les encomienda la sociedad para su defensa.

Sin embargo, advirtió de que algunas manifestaciones de la reacción social ante decisiones judiciales han desembocado en ataques personales a magistrados, alentados "no solo desde ciertos sectores sociales, sino, lo que es más preocupante, por algunos responsables políticos, cuyos reproches resultan censurables en el marco de la normalidad y el respeto institucional".

 
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