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El Ministerio de Justicia prepara un Plan de Calidad

Los presidentes de tribunales superiores piden medidas contra los 'litigios-masa' y que los jueces recuperen sus derechos laborales

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, ha afirmado hoy que el Ministerio esta trabajando en la redacción de un Plan de Calidad de Justicia para la mejora continua de la gestión administrativa y el cambio de modelo de trabajo.
En su intervención hoy en Burgos en la clausura de la jornada anual de los presidentes de tribunales superiores de Justicia, Dolz ha insistido en que el objetivo del plan es mejorar el funcionamiento y, por tanto, el servicio que presta la administración de Justicia, y ha asegurado que se extenderá también a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en esta materia.
Además, ha adelantado que el plan afectará también al Ministerio Fiscal porque "no tendría dejar fuera a los fiscales, que son también parte del poder judicial".
El secretario de Estado ha elogiado la preocupación de los presidentes de tribunales superiores de Justicia por mejorar la comunicación porque "el sistema judicial es sólido, pero es necesario dar a conocer la realidad judicial".
Además, ha insistido en que los tribunales superiores son un órgano del poder judicial "en las comunidades autónomas, no de las comunidades autónomas, porque es un poder único en todo el Estado".

Procesos-testigo

 Los presidentes de tribunales Superiores de Justicia piden medidas legales ante lo que denominan "litigios-masa", que son procesos que afectan a un volumen importante de posibles demandantes y provocan "crisis de eficacia" en los juzgados. En las conclusiones de los tres días de trabajo en el Palacio de Justicia de Burgos, leídas hoy por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, requieren medidas legales específicas contra este "fenómeno", que creen que puede afectar a cualquier orden jurisdiccional. Sin embargo, señalan de forma específica a la jurisdicción civil, afectada por la protección judicial de los derechos de los consumidores reconocidos por el ordenamiento de la Unión Europea.

Los presidentes de tribunales superiores de Justicia consideran "ineludible" el establecimiento de "procesos-testigo", que permitan la resolución de las cuestiones jurídicas similares planteadas en numerosos procedimientos en uno solo y la extensión de sus efectos a todos ellos. En las conclusiones se insiste en la defensa de la Constitución como "garantía" de la democracia y el Estado de Derecho en España y se advierte de que, aunque la crítica de las actuaciones judiciales es "legítima", "su descalificación general, especialmente cuando se efectúa por quienes tienen cargos públicos, deslegitima al poder judicial y afecta a la confianza que los ciudadanos tienen en sus tribunales y en el conjunto del sistema democrático".
En este sentido, lanzan un llamamiento a todos los poderes públicos a fin de que aseguren los medios y recursos que el poder judicial necesita para seguir cumpliendo con su misión. De hecho, consideran que la modernización y adecuada dotación de la Justicia sigue siendo "la asignatura pendiente" de la democracia española.

Los presidentes de los 17 tribunales superiores de Justicia también han lamentado que algunos derechos de los jueces que fueron recortados durante la crisis económica, recuperados por el resto de la función pública, están pendientes en su caso. Por eso, consideran "fundamental" la revisión del estatuto judicial que de satisfacción a las "legítimas aspiraciones de los jueces" en materias como la promoción, los derechos profesionales y retributivos y la salud laboral.
En las conclusiones, los magistrados solicitan también dotar a los tribunales superiores de Justicia de recursos humanos y organizativos suficientes; advierten la necesidad de regular mejor el papel de los secretarios de Gobierno para evitar "que se puedan generar conflictos competenciales y organizativos"; y solicitan que se incremente el número de puestos de confianza de libre designación y cese por la Presidencia de los tribunales superiores.

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