La justicia investigará al consejero Sota por los sobresueldos en la empresa pública Sogiese
La denuncia fue interpuesta por Ola Cantabria
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El consejero Juan José Sota. / Cadena SER
Santander
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha determinado que se deben practicar diligencias de investigación a raíz de la denuncia que presentó OlaCantabria contra el consejero de Economía, Juan José Sota, por no actuar ante supuestos sobresueldos en la empresa pública Sogiese.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJC está encargada de las causas contra aforados, como es el consejero Sota en su condición de miembro del Gobierno regional, y por ello se ha declarado competente para investigar estos hechos en una resolución a la que ha tenido acceso EFE.
OlaCantabria denunció a Sota por no haber realizado ninguna actuación ni gestión para la recuperación de las cantidades que, según esta formación política, se pagaron "indebidamente" a personal de Sogiese en el periodo comprendido de 2012 a 2015.
La Sala de lo Civil y Penal entiende que "de los hechos relatados se deducen posibles indicios de la comisión de un delito".
Y por ello, el tribunal, que conforman los magistrados José Luis López del Moral, Juan Piqueras y Paz Hidalgo, acuerda la incoación de diligencias previas para practicar las actuaciones que sean necesarias para "determinar la naturaleza y circunstancias" de lo acontecido.
La Sala también considera que se debe investigar para aclarar las personas que han participado en los hechos.
Esta denuncia de OlaCantabria se produjo después de que la Fiscalía archivara en junio las diligencias que abrió sobre este asunto.
La resolución de la Sala Civil y Penal, de la que ha sido ponente la magistrada Paz Hidalgo, establece que el tribunal ha pedido a la Fiscalía la documentación que obra en su poder relacionada con esa investigación que llevó a cabo y que archivó.
La controversia sobre los sueldos de Sogiese se centra en el supuesto pago a cinco empleados de 90.000 euros "de forma indebida" entre 2012 y 2015, por encima del límite que establece la normativa, un tema que se ha debatido en el Parlamento de Cantabria.
