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El Consell de Ibiza reconoce trabas en las inspecciones a los alquileres turísticos irregulares

El director de Turismo dice que muchos propietarios de pisos "no aportan la documentación que se les requiere"

La campaña de inspecciones del Consell de Ibiza para combatir los alquileres turísticos irregulares se está encontrando con una dificultad extra: la falta de colaboración de los propietarios de los pisos inspeccionados a la hora de remitir la documentación que se les requiere.

Es lo que ha destacado el director insular de Turismo, Vicent Torres, que dice que todavía no se puede hacer balance de los expedientes sancionadores porque todavía mantienen abiertas algunas inspecciones. Torres recalca que esta temporada "ya se han impuesto las primeras multas" aplicando lo que marca la nueva Ley Turistica, pero asegura que habrá que esperar a finales de este mes o principios de noviembre para tener los datos definitivos sobre el número de denuncias.

Aunque no habla de datos concretos, Torres destaca que se han hecho más inspecciones y se han detectado esta temporada muchos más casos de alquileres turísticos irregulares.

Los Ayuntamientos podrán regular los precios de alquiler

Los ayuntamientos podrán regular los precios del alquiler en las zonas con mayor demanda y renta más más alta. Es uno de los puntos que figura en el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado que ha alcanzado el Gobierno con Podemos, que ahora se llevará al Congreso para intentar sacar adelante estas cuentas.

Dejar en manos de las corporaciones locales la regulación de los precios no convence a alguna de las corporaciones locales de Ibiza. Es el caso del Ayuntamiento de Santa Eulària. La teniente de alcalde, Carmen Ferrer, ve "difícil" poner límites en un mercado donde impera la ley de oferta y demanda. Recalca que sus competencias tienen que ver más con los usos y no con los precios y lo ve "poco comprobable".

El acuerdo de presupuestos también contempla aumentará en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles en un plan a cuatro años.

Además se ampliaría el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años.


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