La Comunidad propone endurecer la Ley de Renta Mínima de Inserción

Madrid

Bajar la cuantía de la prestación, vincularla a "medidas y compromisos reales para la inserción social y laboral" o establecer la RMI como "un contrato con derechos y obligaciones" son algunas de las ideas que se desprenden de este documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, con el que la Comunidad de Madrid plantea posibles cambios en la Ley de Renta Mínima de Inserción.

Este documento, que la Consejería de Políticas Sociales entregó a los grupos parlamentarios para su "estudio y análisis", llega después de una Proposición No de Ley de Ciudadanos que instaba a la Comunidad a cambiar la normativa. Una PNL que aprobaron en marzo y que entre otras cosas establecía que la RMI debía "garantizar la cobertura del derecho a la renta mínima para aquellas personas más vulnerables y cuya empleabilidad es especialmente complicada por diferentes motivos".

Para Podemos, estas propuestas van en una línea regresiva, que endurece y limita aún más la obtención de esta prestación. "Nos parecen unas ideas alarmantes", dice Raúl Camargo, el portavoz de Políticas Sociales en la Asamblea de Madrid. "El PP quiere darle una vuelta de tuerca más, no solo dificultarles el acceso a la RMI, sino que además quiere reducir la cuantía de la misma. Viene a confirmar que sufre de aporofobia, de odio a las personas en situación de pobreza, mientras permite que los ricos vivan a sus anchas".

"Es muy peligroso"

La Consejería de Políticas Sociales, en ese documento, propone condicionar la RMI a un compromiso, por parte del perceptor o perceptora, a buscar de forma activa empleo con propuestas como: "establecer la renta mínima de inserción como un contrato con derechos y obligaciones para los beneficiarios, que se comprometen a participar activamente en su inserción laboral" o "se pasa de un sistema basado en el pago de la prestación económica a otro en el que la prestación económica va vinculada a medidas y compromisos reales para la inserción social y laboral del perceptor". Pero esto no es algo tan sencillo para las personas que solicitan la RMI, en muchas ocasiones, madres solteras con hijos pequeños a su cargo.

A Daniel García, miembro del movimiento ATD Cuarto Mundo que lucha contra la pobreza, no le sorprende: "Es la cantinela de siempre. Intentan vender que es gente que no quiere trabajar, que quiere aprovecharse de los impuestos y vivir de las rentas de la administración".  Es un planteamiento "muy peligroso". "Pervierte el punto de partida de la RMI, que es la subsistencia".

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En su opinión, con estas ideas, el Gobierno se carga de argumentos para quitarse responsabilidad sobre el tema y poder denegar, con más facilidad, la RMI. "Es un arma con la que culpabilizan a la persona, haciendo ver que está todo en sus manos y si no, nada". Asegura, además, que ese compromiso para la inserción laboral es, en muchas ocasiones, imposible para los solicitantes. Pone, como ejemplo, el caso de una familia que vivían, con su hijo recién nacido, en una camioneta. "El no podía tener un trabajo lejos, porque le daba miedo dejar a su familia en la camioneta. ¿Cómo vas a incorporarte a un trabajo si tu vivienda es tan precaria que no te permite salir de ella?". Hay casos de víctimas de violencia de género, madres solteras con hijos pequeños, con bebés, que no pueden dedicarse a hacer cursos de formación, como se les exige en muchas ocasiones, porque dejarían solos a sus hijos.

"El planteamiento de la inserción laboral está bien y es necesario, pero tiene que haber una voluntad real detrás". Por eso, dicen, unido a ese fomento del empleo tiene que haber, también, otros compromisos. "El derecho a la protección familiar debe estar garantizado, para dejar a tu familia en unas condiciones adecuadas que te permitan incorporarte a un empleo y tienes que tener una vivienda segura y digna". Si quieren plantearlo con un contrato con derechos y obligaciones, dicen, que sea para ambas partes, para los perceptores y, también, para el Estado.

Entre esos aspectos que plantea la Consejería en el documento, se aborda también la cuantía. "Se establece como índice de referencia para determinar la cuantía de la prestación el mismo que tengan las prestaciones sociales que concede el Estado (...) En la actualidad la renta mínima de inserción se vincula al Salario Mínimo Interprofesional, mientras que las prestaciones del Estado lo hacen al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). La cuantía de la SMI es superior al IPREM". Así que, con esto, plantean rebajar la cuantía de la prestación. Ahora la ley establece que la RMI "no podrá tener un importe superior al salario mínimo interprofesional".

El IPREM es un indicador que se utiliza de referencia para la concesión de ayudas y que en los últimos ocho años solo ha aumentado una vez, un 1% en 2016. A diferencia del SMI, que el acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos plantea subir hasta 900 euros para 2019, el IPREM se mantiene congelado, en 537,84 euros, casi 200 euros por debajo del SMI actual.

Esto, según las organizaciones sociales, agrava aún más la situación porque España ya incumple con la Carta Social Europea en este sentido. Este documento, una especie de tratado de derechos humanos que los Estados se comprometieron a respetar, recoge, en su artículo 13.1 que las partes deberán "velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguir éstos por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado". Europa ya se ha pronunciado en ocasiones asegurando que la renta mínima en España es insuficiente. "Esperamos que reformen pensando en los derechos de las personas y no en cómo quitárselas de en medio".

"Son solo ideas"

La Consejería de Políticas Sociales enmarca este documento en una reunión de trabajo interna. Es un documento, dicen, que se había distribuido a todos los grupos de la oposición y entidades sociales para que pudieran aportar, mejorar y quitar lo que no les gustara. "No quiere decir que esto vaya a ser por dónde vaya la nueva ley".