El Palau de la Festa y el Hospital Provincial, dos de los edificios públicos que han funcionado durante años sin licencia de actividad

Castellón

Varios edificios públicos ubicados en la ciudad de Castellón y pertenecientes al gobierno valenciano han estado funcionando durante años sin tener licencia de actividad. Es el caso de la Ciudad de la Justicia, del Palau de la Festa o del Hospital Provincial. El gobierno de PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Castellón ha denunciado públicamente que el anterior ejecutivo del PP en la Generalitat y en el consistorio no cumplían con la legalidad.

La ciudad de la Justicia de Castellón, perteneciente al gobierno autonómico, ha estado funcionando desde el año 2006 sin tener licencia de actividad, un documento que debe conceder el Ayuntamiento de Castellón. En el año 2007, la Generalitat solicitó la licencia pero los ingenieros municipales resolvieron que debía haber subsanaciones en las obras, porque los trabajos ejecutados no se correspondían con lo acordado en el proyecto.

Según ha explicado el concejal Toni Lorenzo en la Tertulia de Radio Castellón, en el año 2009 los técnicos del Ayuntamiento de Castellón pidieron a la Generalitat que aportase la documentación necesaria, pero no fue hasta 6 años después, en el año 2014, antes de las elecciones, cuando el PP la entregó. La licencia se otorgó finalmente hace dos semanas, tras 11 años funcionando.

El portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, también aseguró en La Tertulia que el Palau de la Festa ha estado abierto años sin tener licencia de actividad y además se estaba alquilando incluso a la Junta de Fiestas, que subcontrataba el espacio sin licencia para actos o conciertos.

Son casos similares a lo que ocurrió con el Hospital Provincial, que llevaba años sin autorización pese a haber empezado la construcción de la ampliación del centro. Además, el portavoz de Compromís, Ignasi García, ha desvelado en la Tertulia que el Colegio L’Illa del Grau tampoco tenía licencia.

El gobierno municipal considera que la administración pública debe dar ejemplo, y critica que el Partido Popular haya permitido estos "tratos de favor", que han supuesto un agravio comparativo frente a los particulares que deciden abrir un negocio y necesitan para ello disponer de toda la documentación y permisos.