Los tres días que cambiaron el rumbo de los desahucios en Añaza

Tenerife

Los vecinos del barrio de Añaza han dado un paso al frente acudiendo esta mañana a la Fiscalía provincial para denunciar la supuesta venta de viviendas de protección oficial (VPO) por parte de Banco Santander al fondo de inversión estadounidense Cerberus. Es una decisión que se viene gestando desde principios de mes y en la que han intervenido agentes políticos, sociales y financieros. 

Martes, 9 de octubre. A primera hora de la tarde, tres representantes de los vecinos de Añaza y la Plataforma Antidesahucios se reúnen con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo insular y el Gobierno de Canarias para informar sobre la situación de 80 familias bajo la amenaza de ser desalojadas.

Días antes, en declaraciones a la SER, el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, asegura encontrarse en la línea del diálogo con Banco Santander, propietario de un conglomerado de viviendas en el barrio popular, para frenar los desahucios: "he hablado personalmente con la entidad. No podemos permitir que tantas personas se vayan a la calle, personas usuarias de los servicios sociales".

El edil puntualiza la existencia de un convenio con el grupo bancario mediante el cual 66 familias mantienen sus contratos de arrendamiento, sin embargo "muchas otras alquiladas directamente por Santander tienen problemas, el 70 por ciento son familias sin recursos".

Miércoles, 10 de octubre. El presidente insular, Carlos Alonso, se suma a la petición oficial de Bermúdez de paralizar cualquier acción encaminada a los desalojos. Mediante un escrito, el dirigente anuncia tener constancia de la intención de la corporación financiera, o de sociedades vinculadas a la entidad, de no prorrogar los contratos de arrendamiento de 179 VOP situadas en Añaza.

"Tenemos un acuerdo, aprobado por todos los partidos políticos en 2015, que nos impide trabajar comercialmente con los bancos que practican desahucios a las personas que se encuentran en una situación complicada". Así anunciaba Alonso en los micrófonos de la Cadena SER su predisposición a romper lazos con Banco Santander si se ejecutaban los desalojos.

Lunes, 15 de octubre. Los vecinos de Añaza denuncian ante la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife  supuestas irregularidades en la venta de VPO al "fondo buitre" Cerberus Capital Managment. La activista antidesahucios y portavoz de los vecinos, Inma Évora, apunta que han tenido conocimiento de la transacción inmobiliaria a través de los medios de comunicación. "Simplemente, con la manifestación de Banco Santander diciendo que sí se ha efectuado la operación, está reconociendo una ilegalidad, porque han vendido las viviendas sin la autorización del Gobierno de Canarias", matiza.

Évora manifiesta que "hay muchas cosas que se intuyen irregulares: ni los contratos de arrendamiento ni sus renovaciones han sido visadas desde 2006". Asimismo, opina que "esto tiene un fin especulativo. Lo que están haciendo es acaparar las viviendas para imponer los precios de mercado, primero en el alquiler, posteriormente veremos cómo nos inflan la hipoteca".

Después de solicitar a Banco Santander que clarifique "sus intenciones con respecto al eventual desahucio de vecinos en el barrio de Añaza" y sin obtener respuesta alguna, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife ordena revisar la relación financiera con la entidad. La medida se enmarca dentro del Protocolo Antidesahucios de la capital tinerfeña.