De Miguel declara que nunca ha pedido comisiones ilegales
El exdirigente del PNV alavés y principal acusado dice que las pruebas en su contra están "manipuladas"
Alfredo De Miguel / EFE
Vitoria
El exdirigente del PNV Alfredo de Miguel ha asegurado que nunca ha solicitado ni le han ofrecido comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, y que las grabaciones de sonido que demostrarían su implicación en una presunta trama de corrupción vinculada a antiguos cargos 'jeltzales' están "manipuladas".
De Miguel ha respondido, de esta forma, a las preguntas que le ha formulado su abogado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Álava sobre esta presunta red de corrupción, que se ha reanudado este lunes tras haber permanecido suspendido varias semanas.
La vista oral sobre esta causa ha permanecido suspendida varias semanas, a la espera de que la Fiscalía y las defensas de los acusados exploraran la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad. Finalmente, el Ministerio Público ha logrado un acuerdo con varios acusados, que confirmaría --según la propia Fiscalía-- la existencia de "una trama organizada destinada al cobro de comisiones ilícitas".
El Ministerio Público atribuye a De Miguel, que se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía, alrededor de una veintena de delitos relacionados con la corrupción, así como un delito de asociación ilícita en grado de dirigente. Entre los tipos penales imputados al principal acusado en esta causa, se encuentran, además, el blanqueo de capitales, cohecho, fraude en la contratación, coacciones, malversación y tráfico de influencias.
La suma de penas solicitadas por estos tipos penales es de 54 años y diez meses de cárcel. Asimismo, el Ministerio Público reclama a De Miguel el pago de una fianza de 25 millones de euros.
En su declaración de este lunes, el antiguo 'número dos' del PNV alavés ha afirmado, en respuesta a su abogado, Gonzalo Susaeta, que no se reconoce en las grabaciones de sonido entregadas en 2009 a la Ertzaintza por la empresaria Ainhoa Alberdi, que destaparon el supuesto entramado de corrupción.
Alberdi presentó dichas grabaciones junto a una denuncia por la presunta exigencia que le realizaron De Miguel y otros supuestos miembros de esta trama, como el también exdirigente del PNV Aitor Telleria, para que pagara una comisión ilegal.
De Miguel ha afirmado que no reconoce como "íntegras ni veraces" dichas grabaciones, en las que se escucha la que parece ser su voz, así como la de otros acusados, con exigencias de pago de comisiones Alberdi, cuya empresa había recibido la adjudicación de un contrato en el Parque Tecnológico de Álava.
"DISCREPANCIAS"
El presunto líder de esta supuesta red de corrupción ha afirmado que piensa que esas grabaciones, que fueron realizadas por la empresaria durante distintos encuentros mantenidos con De Miguel y otras de las personas procesadas, "están manipuladas".
Por su parte, Gonzalo Susaeta, abogado de Alfredo de Miguel, ha afirmado que existen "diferencias" entre el contenido de las grabaciones originales contenidas en la grabadora aportada por Alberdi, y el DVD en el que la Ertzaintza efectuó una copia de dichos registros de audio.
Además, la representación legal de Alfredo de Miguel ha criticado, tal y como ya hizo en alguna de las primeras sesiones de la vista, que dicha copia se realizó sin que estuviera presente una representación de la Fiscalía o una secretaria judicial.
"LA PRIMERA VEZ"
El presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha lamentado que ésta sea "la primera vez" en la que Susaeta hace referencia a esa supuesta "discrepancia" entre el contenido original de la grabadora y la copia en DVD.
Tapia ha rechazado la petición de la defensa de reproducir el sonido captado directamente por la grabadora de la empresaria, ya que, en su momento, ya pudo escucharse en el juicio el DVD con la copia de esas pistas de audio.
En otro momento de la declaración ante el tribunal, De Miguel ha asegurado que no utilizó la empresa Kataia Consulting, una de las sociedades implicadas en la presunta trama de corrupción, para obtener "ingresos opacos o dinero negro".
CONTABILIDAD DE KATAIA
El supuesto líder de la red ha subrayado que "nunca" obtuvo dinero de procedencia "no legal", y que en ningún momento se "alteró" la contabilidad de esta empresa para ocultar la entrada de dinero "opaco".
De Miguel ha desvinculado de la toma de decisiones en la empresa, de la que era socio junto a los también procesados y exdirigentes del PNV Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, a las mujeres que figuraban en el organigrama de la sociedad, entre ellas, su mujer, Ainhoa Bilbao, y las esposas de Tellería --Araceli Bajo-- y Ochandiano --Iratxe Gaztelu-Urrutia--, acusadas, asimismo, en este proceso.
Además, ha afirmado que no intervino en la "negociación y adjudicación" del contrato del Parque Tecnológico de Álava con la empresa de Alberdi. Alfredo De Miguel ha asegurado que nunca solicitó ni se le ofreció "gratificación ni contraprestación" alguna por la adjudicación de este o cualquier otro contrato. "No he solicitado comisión alguna", ha subrayado.
Con posterioridad, ha afirmado que las reclamaciones de dinero que se dirigieron a Alberdi se referían a una "deuda pendiente", procedente de la empresa Construcciones Loizate, propiedad de un antiguo socio de Alberdi.
"NI EXTORSIONES NI COSAS RARAS"
De Miguel, antiguo diputado foral de Administración Territorial, ha afirmado que en todas sus conversaciones con Alberdi se refirió a cuestiones relativas al contrato adjudicado a su empresa, que fueron planteadas desde la "confianza" y sin que en ningún caso planteará "extorsiones ni cosas raras".
La vista oral sobre esta causa, en la que están procesadas 26 personas, entre ellas varios antiguos cargos del PNV de Álava, ha permanecido suspendida varias semanas, a la espera de que la Fiscalía y las defensas de los acusados exploraran la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad.
Finalmente, el Ministerio Público ha logrado un acuerdo con "una parte significativa" de los acusados, según ha confirmado el propio fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, en declaraciones a los periodistas a su llegada al Palacio de Justicia de Vitoria.
El fiscal provincial de Álava, que no ha precisado la identidad ni el número de los procesados con los que sí ha logrado un pacto de conformidad, ha asegurado que los acuerdos confirman la existencia de "una trama organizada destinada al cobro de comisiones ilícitas".
"PACTO DE CABALLEROS"
En la reanudación de la vista oral, ya en el interior de la sala, Izaguirre ha precisado ante el tribunal que el pacto alcanzado con parte de los acusados no constituye "un acuerdo cerrado con vinculación jurídica", sino que se trata de un "pacto de caballeros".
De esa forma -ha añadido-- este entendimiento supone una "expectactiva", por la cual la Fiscalía se compromete a modificar su escrito de acusación a cambio de que las personas procesadas con las que se ha llegado a un acuerdo asuman, en su declaración, unos determinados hechos.
No obstante, los acusados tienen la posibilidad de "cambiar de opinión" durante el proceso, sin que la Fiscalía tenga "posibilidad alguna" de exigirles el cumplimiento del compromiso asumido, por lo que la ruptura del acuerdo no tendría "consecuencias legales" para los procesados.
Izaguirre ha precisado que, en caso de los acusados no cumplan con lo pactado, el Ministerio Público tampoco estará comprometido a modificar a la baja su escrito de acusación, por lo que podrá mantener las penas solicitadas inicialmente.
"CONFIDENCIALIDAD"
Por su parte, el abogado de Alfredo de Miguel, ha solicitado que el Ministerio Público "identifique" a los acusados con los que ha cerrado este tipo de acuerdos, algo a lo que Izaguirre se ha negado aludiendo al principio de "confidencialidad".
