El Banco Santander asegura que no habrá lanzamientos en Añaza

Santa Cruz de Tenerife

No se producirán lanzamientos a ninguno de los inquilinos de las 358 viviendas del bario de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, según ha confirmado a la Cadena SER el Banco Santander que comunicó este extremo al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de la isla y al Instituto Canario de la Vivienda, del Gobierno de Canarias, a través de un burofax a cada Administración remitido el dieciséis de octubre.

En ese documento, dirigido a José Manuel Bermúdez, quien el miércoles por la mañana manifestó en la SER que el banco no había respondido a la carta remitida por el consistorio, aclara la entidad financiera que "LURI 6 S.A.U. sigue siendo propietaria de las 358 viviendas" que se ubican en las parcelas I-7 P.P. y I-8 P.P.

Todas las viviendas son protegidas, de promoción privada, y sesenta y seis de ellas seguirán siendo propiedad del banco y están sujetas a un convenio renovado con el Ayuntamiento en el mes de abril y que empezó su vigencia en el 2013.

Las 292 viviendas restantes están pendientes de ser transferidas al fondo de inversión estadounidense Cerberus Capital Management LP, que todavía no se puede considerar el propietario de las viviendas. El Banco Santander tan solo ha llegado a un preacuerdo que tendrá que ser revisado caso por caso. De hecho, si se quisiera iniciar el proceso de venta, se exige que el Gobierno de Canarias dé su visto bueno a la operación por el tipo de protección especial que tienen estas viviendas donde residen personas en situación de vulnerabilidad y tanto el Santander como el Instituto Canario de la Vivienda confirman que no se ha iniciado el proceso burocrático.

Según la Ley de Vivienda de Canarias 2/2003, se establece en el apartado 'k' del Artículo 8 sobre las Competencias y Funciones que el Instituto Canario de la Vivienda "ejerce la intervención administrativa sobre los negocios jurídicos que versen sobre viviendas sujetas a protección pública, incluyendo los derechos de adquisición preferente, tanteo y retracto".

Al Gobierno de Canarias no le consta que se haya iniciado el proceso de venta de manera formal, un paso inexcusable para autorizar o no la operación. En el hipotético caso de dar el visto bueno, el Gobierno autorizaría a iniciar un procedimiento que pasa primero por ofrecer a los inquilinos la compra de la vivienda y de ser rechazada, será el Gobierno regional quien opte a esta posibilidad.

La directora general de vivienda, Pino de León, ha transmitido a La SER que "la voluntad del Gobierno es reunirse" y remite a las conclusiones tras el encuentro que se celebrará en el Cabildo de Tenerife entre todas las partes implicadas este viernes, aunque no será el primer contacto que se mantenga con representantes de la entidad bancaria.

Desde el Instituto Canario de la Vivienda reconocen que el lunes ocho mantuvieron una conversación telefónica con representantes en Canarias para conocer la situación de las viviendas de Añaza, precisamente, un día antes de que el ayuntamiento preguntara por escrito al Banco Santander sobre este asunto. El día 10 fue Carlos Alonso, presidente del Cabildo, quien aseguró que el banco "estaba forzando la ruptura de los contratos de arrendamiento" y se sumó a la petición de paralización; el día 15 los vecinos denuncian la situación ante la Fiscalía lo que "intuyen ilegales" porque los "contratos no han sido visados por el Gobierno de Canarias" desde el año 2006 ni "las renovaciones de contratos", según Inma Évora, que ejerce como representante de los vecinos.

Este martes se paralizó el desahucio planteado después de un escrito remitido por el Ayuntamiento al Juzgado de Primera Instancia Nº2 solicitando "la inmediata paralización de cualquier actuación que pudiera estar llevando" la entidad Luri 6 S.A. Este gesto se enmarca dentro de un acuerdo institucional de las Administraciones en las Islas en las que, entre otras medidas, se plantea la retirada del dinero depositado en el banco en cuestión.

Las viviendas afectadas por esta situación recibieron la condición de vivienda protegida en el año 2006 y, según la Ley, mantendrán esta condición hasta el año 2021. En el Banco Santander reconocen que de ser traspasada la titularidad a Cerberus, el fondo de inversión asumiría los activos y las condiciones a las que están sujetas en la actualidad.