La Comunidad de Madrid y la URJC dieron subvenciones y firmaron convenios con el instituto de los másteres de forma irregular

Madrid

El Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que organizó los másteres fraudulentos de Cifuentes, Casado y Carmen Montón se creó de facto en 2001 pero no fue hasta 2005 cuando fue aprobado por la URJC como instituto universitario oficial y después por el consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, según la denuncia presentada por la Universidad ante la justicia contra este instituto por malversación, el IDP nunca funcionó bajo el paraguas de la URJC, algo "inédito". No se sometió a sus controles, ni jurídicos ni financieros, y es por eso, entre otras cosas, por lo que se le investiga.

Para desligarse de la Universidad, Álvarez Conde pidió un CIF propio en 2005 y elaboró un reglamento interno, al que ha tenido acceso la Cadena SER, en cuyo primer artículo se define como un instituto con personalidad jurídica propia. Sin embargo, según la denuncia de la Universidad, ese reglamento nunca tuvo validez oficial porque nunca fue aprobado por el consejo de gobierno de la Rey Juan Carlos como marcan sus estatutos.

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Aún así, ese reglamento interno fue utilizado por la Comunidad de Madrid para habilitar al IDP como receptor de subvenciones públicas. En 2007, el instituto de Álvarez Conde pidió una subvención regional para poner en marcha una investigación y el gobierno madrileño, presidido entonces por Esperanza Aguirre, encargó a sus servicios jurídicos un informe que acreditara que el instituto podía pedir esa ayuda. Un primer informe de los letrados, de abril de 2007, dijo que el instituto no estaba habilitado alegando que "los institutos no tienen personalidad jurídica propia y son las universidades y las fundaciones las que tienen que solicitar la subvención".

Solo un mes después, en mayo de 2007, poco antes de las autonómicas, un segundo informe de la misma letrada corrige el primero y le da el visto bueno para pedir la ayuda. Los servicios jurídicos basaron su decisión en que el reglamento interno del IDP reconoce en su artículo primero la personalidad jurídica propia. La Comunidad no tuvo en cuenta que era un reglamento sin validez legal. A pesar de esta irregularidad, este informe de los letrados madrileños validó a Conde para pedir ayudas públicas regionales: entre 2008 y 2011 el instituto de los másteres fraudulentos recibió 370.000 euros de las arcas públicas.

La Comunidad de Madrid no fue la única que hizo la vista gorda con esta irregularidad. También lo pasó por alto la propia URJC. Tal y como se recoge en la memoria del propio Instituto de Derecho Público, en 2007, el entonces rector Pedro González Trevijano -desde 2013, magistrado del Tribunal Constitucional-, firmó en representación de la universidad un convenio a tres con Álvarez Conde como director del Instituto de Derecho Público y una empresa privada. Se trata de un acto administrativo que solo puede ser posible entre entidades con personalidad jurídica propia. Y el IDP tenía un CIF propio pero, a los ojos de la URJC, y según los documentos aprobados por el consejo de gobierno, funcionaba bajo su paraguas y no como un ente ajeno. Según los expertos consultados por la Cadena SER, sin autonomía propia, nos dicen, no se puede suscribir ningún convenio, contrato, acto, acuerdo o pacto con ninguna institución pública o privada.

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