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"La urgencia estaba justificada. El PP nunca impugnó el pleno"

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, envía un escrito al Comité de Garantías Estatal del PSOE para aclarar los detalles del proceso que le llevará a juicio

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, habló por primera vez para SER Henares del juicio al que, previsiblemente, tendrá que enfrentarse por una denuncia del Partido Popular. Una decisión judicial que le produce "Sorpresa porque fue archivado, luego reabierto, y la fiscalía pide que se archive". 

El regidor complutense recuerda que el caso "versa sobre la fecha de un pleno, si fue un viernes o fue un lunes. Con la que está cayendo en este país resulta sorprendente que una cuestión administrativa de los primeros presupuestos que aprobó este equipo de gobierno hace dos años siga coleando desde el punto de vista judicial". Y recuerda que "es significativo que el PP de Alcalá de Henares no impugnó el pleno. Fue la aprobación inicial y nunca tomó ninguna medida administrativa contra esa decisión que dice que vulneraba el derecho de un concejal. Fueron directamente a la vía penal".

Rodríguez Palacios defiende la urgencia en la convocatoria del pleno para aprobar unos presupuestos cuyos trámites podrían haber coincidido con la campaña electoral de las Elecciones Generales de 2016. Señala que "fueron los primeros presupuestos que introdujeron rigor económico, que permitieron pagar deudas en este ayuntamiento y permitieron conceder a tiempo en agosto el apoyo a las familias que lo necesitaban para acceder a los comedores escolares", por lo que sostiene que "la urgencia, a nuestro juicio, estaba totalmente justificada".

Información a la Ejecutiva Federal del PSOE

El alcalde socialista de Alcalá de Henares revela a La SER que "he cursado un documento a la Comisión de Garantías Federal porque, desde luego, a mi juicio en el espíritu del Código Ético del partido y de las normas que tiene el partido para asegurarse de que las personas que estamos dentro del mismo seamos personas honradas, honestas, ajenas a la corrupción, ajenas al enriquecimiento ilícito, creo que ninguno de estos supuestos se da en este caso. Es una cuestión administrativa que ha derivado en un proceso penal".

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