El PP advierte de un posible delito de prevaricación en la concesión de las ayudas del bono-infantil

Valencia

La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, advierte de un posible delito de prevaricación administrativa por parte del director general que ha firmado la resolución del bono-infantil tras denegar las ayudas sin atender a los documentos aportados en las alegaciones de las familias. Según la diputada popular, más de 3.000 familias han sido perjudicadas por el caos provocado en el bono-infantil y anuncia que están estudiando emprender las correspondientes acciones judiciales para defender al sector y a las familias perjudicadas.

Para Gascó, a esta situación se ha llegado por la "mala planificación y el poco interés" del conseller de Educación, Vicent Marzà. "Además de la falta de planificación, la gota que ha colmado el vaso ha sido la publicación de la resolución definitiva denegando, de forma masiva, las alegaciones presentadas para paliar los errores informáticos cometidos por Educación”, añade la portavoz. A su juicio, una vez más se demuestra que a los "botánicos" les va muy grande la gestión porque "su prioridad no son las personas, sino la imposición de su modelo educativo". La portavoz ha indicado que "este curso Marzà ha decidido rescindir el contrato que tenía con la empresa gestora para gestionar las ayudas del bono-infantil y ahora la propia Conselleria ha asumido toda la tramitación provocando un error generalizado".

Asimismo Gascó ha explicado que el nuevo modelo ha sido desastroso "porque ha aumentado la carga de trabajo de gestión en los directores de centros pues el talonario lo sustituye un PDF que se generará todos los meses con el consiguiente caos para lograr la firma de los padres cada mes". La portavoz indica que más del 90 %, concretamente 2.754, han sido denegadas "sin dar razón y sin revisar la documentación aportada excusándose en pérdidas de documentación y saturación en el correo electrónico de bono-infantil”.