Regular el alquiler vacacional, obligatorio

Las Palmas de Gran Canaria

El pasado viernes el pleno del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reafirmó su posición respecto al alquiler vacacional dentro del plan general de la ciudad. La verdad es que no aportan nada nuevo de lo que había, salvo que deja más claro aún que el alquiler vacacional es también alojamiento turístico. Era conocido que no se permitía esta modalidad de alojamiento turístico en edificios si la vivienda no contaba con entrada independiente y también que solo se permite por debajo de las viviendas de los residentes para evitar ocasionar perjuicios a los vecinos.

 Estas condiciones no las cumplen la mayoría de los propietarios de las viviendas vacacionales, salvo los que tengan alguna casa terrera en la ciudad, el resto estaría en la ilegalidad. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que el Gobierno de Canarias que es la administración sancionadora no tiene suficientes inspectores para hacer cumplir la norma municipal y esto no ha cambiado.

 Esta regulación de facto impide el desarrollo del este segmento salvo que tengas una vivienda independiente o tengas un edificio entero dedicado al alquiler vacacional. Se entiende que esta normativa municipal de la ciudad ,como dice la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, se carga a la mayoría de los propietarios que solo tiene una vivienda en un edificio y favorece a los grandes inversores, que entran en competencia directa con los hoteleros con menos costes.

 Por otro lado tenemos a los inquilinos que son residentes en la ciudad-capital, a los que se les invita a dejar las viviendas, subiéndoles el precio bruscamente para dedicar esas viviendas a este negocio y expulsándolos al extrarradio o a municipios limítrofes.

 Diagnosticado el problema, parece más que evidente que además de inspectores, falta una regulación autonómica más clara que permita este fenómeno internacional, porque como hemos repetido, no se pueden poner puertas al campo, pero si proteger los derechos de los vecinos, al mismo tiempo también el derecho de los particulares que tienen este modalidad económica como complemento a su economía y por último aclarar todas las condiciones hasta llegar a levantar la prohibición que nos dejó hace tres años y pico, Paulino Rivero, que impedía el alquiler vacacional en zona turística.

 Pero ante todo ello el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no puede hacer la guerra por su cuenta olvidando a una parte de los afectados. El Gobierno de Canarias y el propio Gobierno de España hasta hace poco del PP, veremos lo que hace ahora el Psoe, se han lavado las manos y ni la comunidad autónoma, ni el estado, han querido legislar como se ha hecho en otros países.

 Hay que salvar el derecho de todos, unos a alquilar, otros al descanso, otros a no perturbar sobremanera los precios de los alquileres expulsando a los residentes a otras zonas, y regular también el negocio puro y duro de empresas que pueden llegar a realizar competencia desleal a los hoteleros llenando las ciudades de edificios de vivienda vacacional.

 No es fácil, pero cuando los intereses son tantos, el camino no es no hacer nada. Es ponerse manos a la obra y no dejar que las cosas se pudran.