Cemex "no está por la labor"

Almería

Cemex vuelve a decir que nones, que cierra Gádor. De nada valió que la Junta de Andalucía y el Ministerio de Industria, en sendas reuniones celebradas ayer, pusiesen encima de la mesa toda la artillería pesada, para intentar frenar el ímpetu de la multinacional mexicana por abandonar el paraje de Araoz. La decisión, parece, está tomada y requetetomada. Y no en Madrid, sino en Garza Garcia, la ciudad donde la compañía azteca tiene sus oficinas centrales.

No parece que le vaya a temblar la mano a su propietario, Rogelio Zambrano, en mandar al paro a 300 empleados de un valle en el sur de Europa. No, no parece, teniendo en nómina a 50.000, distribuidos en los cinco continentes y con un valor que es un peso pesado en la Bolsa de Nueva York.

Sin embargo, la Junta de Andalucía, a través de su titular de Empleo, Javier Carnero, y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, mantuvieron ayer un encuentro en Madrid con el presidente de Cemex España, Pedro Palomino, y con el director de la asesoría jurídica, Angel Galán.

Los responsables del Gobierno andaluz les plantearon distintas posibilidades para evitar echar la persiana: optar a incentivos para acometer proyectos de I+D centrados en el ahorro energético, como la valorización de residuos agrícolas. Sin embargo, los dirigentes de la cementera se cerraron en banda a cualquier reconsideración aduciendo que se trata de una decisión muy meditada tras la caída de la demanda de cemento y de los altos costes de los derechos de CO2 -el pago de las industrias por contaminar- con la nueva normativa europea.

 Sánchez Haro y Carnero, ante la postura inflexible de Palomino y Galán, convinieron en ofrecer un plazo de 24 hora para que la compañía lo sopese mejor, poniendo en marcha una Mesa de Negociación que desarrollaría sus trabajos durante 45 días, como alternativa al Expediente de Regulación de Empleo extintivo planteado para la próxima semana. “Se trata de una propuesta y un plazo razonable que cuenta con el acuerdo de los sindicatos y de las tres administraciones”, señalaron.

Sánchez Haro apuntó a que “no tiene sentido que la empresa, si no va a continuar con su actual actividad, mantenga la explotación de las canteras de piedra caliza de las que obtiene la materia prima para fabricar clínker y cemento”.

Añadió el consejero que “le hemos dicho que actuaremos en consecuencia e impediremos la renovación de los derechos mineros sobre esas canteras” y aclaró que “si finalmente la planta deja de producir, la empresa deberá desmantelar la fábrica para evitar cualquier actividad especulativa, seremos especialmente vigilantes y escrupulosos con la aplicación de la legalidad”.

Con posterioridad, los directivos de Cemex dialogaron con la ministra de Industria, Reyes Maroto y ésta les planteó la necesidad de entablar una negociación previa al ERE que se propone realizar la empresa, propuesta a la que se han adherido los consejeros de Andalucía y Baleares, comunidades afectadas por el cierre de plantas.

De manera extraoficial, se apunta a que Cemex quiere realizar una suspensión temporal encubierta de la actividad para evitar los costes del desmantelamiento y al mismo tiempo seguir atesorando la cantera para que no caiga en manos de la competencia. La compañía tampoco ha puesto a la venta la instalación, por la que pagó 45 millones de euros en 2014.