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El poder apesta

Eran casi mil los manifestantes en la segunda marcha por Alcoa. Llovía y era de noche y el resplandor infernal de las bengalas dotaba a la escena de un tinte siniestro, como si Halloween se hubiera adelantado. Los obreros habían quemado neumáticos a diario, cortado la carretera, reunido con políticos, hecho sonar sirenas y bombas de palenque y ahora, frente a la Delegación del Gobierno, golpeaban con sus cascos el suelo. Mientras me mojaba, no podía evitar pensar que, si en vez de fabricar aluminio, la plantilla se hubiera encargado de la basura, todo hubiera resultado más fácil.

Lo digo porque, por aquellos días, cubría también las reuniones del Ayuntamiento con el comité de empresa de Cespa, dominado por el sindicato STL y a ellos les estaba yendo mucho mejor. Claro que la situación no era la misma: era una concesión pública de un servicio básico de limpieza y recogida de basuras que simplemente iba a adjudicarse de nuevo, pero además, STL tenía al frente a Sánchez Fuentes, un tipo de estatura media y ojos tristes que parecía salido de una novela negra. La gente enarcaba las cejas cuando me hacían confidencias sobre él, pero Fuentes conocía mejor que yo esos rumores y me los repitió sin empacho cuando le reproché que lo suyo estaba chupado: que le despidieron y plantó una tienda de campaña frente a la sede de Cespa, que supuestamente le puso una pistola en la cabeza a un detective y que pasó varios meses en la cárcel por propinarle un cabezazo a otro sindicalista. Curiosamente, había sido él uno de los que negoció el primer convenio de Alcoa, pero había cambiado de sindicato, fundado STL y ahora tenía el apoyo masivo de los trabajadores de Cespa.

Con ese apoyo, se había convertido en el terror de los sucesivos gobiernos locales cuyos alcaldes se identificaban perfectamente con aquel detective –si un abogado está leyendo estas líneas, quiero que quede claro que no sostengo que esa historia sea real-, porque sabían que si no se llegaba a un acuerdo con STL, la ciudad se levantaría estreñida: las bolsas de basura se acumularían hasta rebosar los contenedores, las calles apestarían con ese olor agrio y asqueroso de la basura, las gaviotas, las ratas y las cucarachas nos invadirían y los ciudadanos protestarían.

Hasta hace poco, para mi irritación y a pesar de mis titulares, la concejala de Medio Ambiente, María García, había conseguido evitar cualquier conflicto en un momento delicado como la redacción de los nuevos pliegos del contrato de recogida de basuras y de limpieza. Pero hace un par de semanas, STL había exigido una habilitación especial para entrar en las calles peatonales con los camiones. Siempre lo habían hecho, aunque estaba teóricamente prohibido, pero el mes pasado había tenido lugar un desgraciado accidente en el que había muerto un compañero y la aseguradora no quería pagar la indemnización alegando que circulaba por una vía prohibida para vehículos de ese tonelaje. Además, García había tenido la mala ocurrencia de incluir en los pliegos algunas cláusulas que no eran del agrado de los trabajadores, lo que podía tener algo que ver.

Los delegados de STL le dieron quince días a García para arreglar lo que el propio Ayuntamiento consideraba como una petición razonable. Pero esos permisos no dependían de Medio Ambiente, sino de Movilidad, cuyo concejal es Daniel Díaz Grandío y al que la portavoz del PP, Rosa Gallego, que tampoco es una 'alegrías', lo llama "el concejal de Inmovilidad". El caso es que los permisos no estuvieron a tiempo porque aguardaban un informe técnico de Movilidad, según la versión oficial del Ayuntamiento. Era miércoles y decían que el documento estaría listo el lunes. "Si no tengo el permiso, vamos a recoger los contenedores a mano, y las barredoras tampoco van a salir", declaró Fuentes, como si hubiera dicho que iba a llover. Al día siguiente, el 80% de los desperdicios seguían en la calle.

Las calles todavía no hedían, pero yo ya podía oler el pánico. Me froté las manos y llamé al Ayuntamiento. A las siete de la tarde me respondieron que se estaba tramitando el permiso y que se podría otorgar "quizá antes". A las ocho, ya le habían enviado una habilitación provisional a Fuentes, que se lo comunicó a los trabajadores. En menos de 24 horas, se había desatascado el conflicto y, de paso, a la ciudad entera. Sabe Dios en qué más tuvo que ceder García, pero estoy seguro de que gane quien gane la concesión de recogida de basuras y de limpieza, se mantendrán las condiciones de los trabajadores. Mejor para los de Cespa, claro pero, mientras tanto, Alcoa sigue en pie de guerra y resulta deprimente que sea más importante reunir 80 bolsas de basura en un contenedor que a mil personas frente a la Delegación del Gobierno. Supongo que lo que dicen es cierto: el poder apesta.

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